El Gobierno justifica cualquier decisión nuclear al Plan de Energía

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital vincula la denegación de la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la central de Santa María de Garoña (Burgos) y la "continuidad" del resto del parque nuclear español a las decisiones que se adopten en el marco del Plan Integral de Energía y Clima que está en proceso de elaboración.

Así lo explica la orden ministerial que deniega la renovación de la explotación de la central nuclear burgalesa, que publica este jueves el Boletín Oficial del Estado. En esta orden, firmada por el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, se establece formalmente el cese definitivo de la explotación que ya anunció este martes el ministro Álvaro Nadal.

En todo caso, la orden ministerial da la opción de presentar un recurso de reposición en el plazo de un mes en el marco del Proceso Administrativo de las Administraciones Públicas o bien un recurso contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

La decisión se justifica en el marco de la planificación energética futura; en que desde que Garoña dejó de producir electricidad no se ha producido ninguna "repercusión significativa" en el suministro eléctrico; en que su vuelta a la operación tardaría más de un año así como en la "incertidumbre sobre la disponibilidad de la central a medio plazo".

Garoña ya no es necesaria

Por ello, el Gobierno valora que el reactor de Burgos no resulta necesario para la provisión de energía eléctrica en las condiciones de seguridad de suministro, medioambientales y de precio que el Gobierno, en el ejercicio de su actividad de planificación y definición del 'mix' energético "considera apropiadas".

Además, recuerda que el Gobierno "pretende" elaborar una planificación energética para el horizonte 2030 y 2050 en la que se incluirá un modelo analítico de proyecciones e impactos que deberá reflejar necesariamente el peso de cada tecnología en la generación eléctrica nacional, es decir, que se definirá el mix energético.

Para ello, aprobará un Plan Integral de Energía y Clima en el que establecerá los objetivos que el país tendrá que adoptar para cumplir los compromisos internacionales de España en este ámbito. En este contexto, expone que la Comisión de expertos sobre transición energética creada tendrá que analizar posibles escenarios de transición energética que "garanticen la competitividad de la economía, la creación de empleo, la sostenibilidad medioambiental y la seguridad de suministro".

Según considera el Gobierno, esto "hace patente la conveniencia de que las decisiones relativas a la continuidad de las centrales nucleares que actualmente cuentan con autorización de explotación se adopten teniendo en cuenta el contenido de dicha planificación, que se encuentra pendiente de elaboración".