Investigado por simular cargos fraudulentos en su cuenta bancaria por un importe de 177 euros

La Guardia Civil ha investigado a A.S.S. (33) como presunto autor de un delito de simulación de delito por denuncia falsa.

Los hechos ocurrieron en un municipio de La Ribera y fueron conocidos por la Guardia Civil durante el pasado mes de enero, a raíz de la denuncia presentada por una persona que afirmaba haber sido víctima de varias operaciones bancarias fraudulentas, sin su conocimiento y autorización, mediante el uso de su tarjeta de crédito.

La misma relataba que observó estos movimientos en su cuenta bancaria que no había realizado, en la cual le había sido detraída la cantidad total de 177 euros.

La investigación ha permitido conocer que en aquella fecha el denunciante se dio voluntariamente de alta en una página de citas en la web, para lo cual tuvo que completar personal y manualmente un formulario, añadir la forma de pago e incluir una contraseña.

Las cantidades denunciadas como sustraídas correspondían realmente con el importe estipulado por la empresa por el servicio; para recuperar el dinero demandado decidió presentar denuncia, pese a conocer que lo hacía falsamente.

La Guardia Civil ha destapado que todo era una estafa por lo que A.S.S. ha sido investigado como presunto autor de un delito de simulación de delito, instruyéndose diligencias que han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Aranda de Duero.

Denunciar falsamente puede tener sus consecuencias

Ningún ilícito cometido a través de la web, redes sociales o las nuevas tecnologías o en el que se pretende obtener una indemnización del seguro, encubrir negligencias o descuidos, del orden de las estafas, timos o ventas fraudulentas, queda impune, a pesar de lo que equivocadamente piensa el autor/es enmascarado bajo el supuesto y falso anonimato que proporciona internet, ya que existe lo que se denomina la “huella digital”.

Denunciar hechos que no han ocurrido conlleva consecuencias penales para la que se contemplan sanciones de hasta 6.000 euros y pena de prisión de hasta tres años, además de generar antecedentes procesales que pueden limitar durante años el acceso a un puesto de trabajo en la administración pública.

Alertar con avisos inventados o falsos y detraer por tanto a las patrullas de sus cometidos asignados, pueden tener además graves consecuencias como por ejemplo por alteración del orden público u obstruir la rápida y eficaz resolución de un incidente real acaecido.