Destapan una empresa ficticia que estafó 4.800 euros a una bodega de Burgos

La Guardia Civil ha detenido a C.A.M, de 20 años, y está investigando a J.C.K, de 51, como presuntos autores de estafa, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil. Además, hay una tercera que está siendo investigada porque está vinculada con la trama.  

Los hechos en cuestión tuvieron lugar en agosto del año pasado cuando un bodeguero de La Ribera recibió una solicitud de pedido de 720 botellas de vino. En ese intercambio de mensajes concretaron la venta que suponía algo más de 4.800 euros. La mercancía fue enviada y al poco recepcionada por la sociedad peticionaria que nunca llegó a abonar el dinero que habían hablado. 

Una vez que habían estafado al bodeguero, desaparecieron y dejaron de contestar las llamadas y requerimientos pertinentes por la empresa burgalés que había enviado la mercancía sin recibir el dinero a cambio. 

Por todo ello, el equipo de ciberdelincuencia de la Comandancia de Burgos abrió una investigación donde analizaba minuciosamente la información, documentación y correos electrónicos aportados por el interesado para poder descifrar la huella digital. Fruto de las indagaciones se obtiene la identidad de C.A.M que es el principal cabecilla y quien gestiona la empresa ficticia. Está creada con el fin de dar respaldo legal a las transacciones y ganarse la confianza de las víctimas.

Posteriormente, obtuvieron la identidad de otro implicado que hace función de receptor del producto y transportista. Además, localizaron una furgoneta con el que se realizan los portes desde el Centro Logístico donde se hacen los encargos hasta una nave que se ubica en una localidad de Madrid. Este local sirve de punto de distribución y venta de la mercancía, que se introduce más tarde en el mercado negro con apariencia de legalidad. En este se encontraba el vino burgalés y más productos alimentarios que procedían de otras estafas.

Las 720 botellas de vino han sido entregadas a la firma burgalesa y los agentes han contactado con cuatro empresas alimentarias en Sevilla, Alicante, Jaén y La Rioja, que también habían sido engañadas. Lo que ha supuesto un dinero de más de 16.800 euros.