La Junta de Castilla y León y SegurCaixa Adeslas S.A., de Seguros y Reaseguros, tendrán que pagar 10.000 euros a un hombre que sufrió un ictus en Burgos y fue diagnosticado de forma tardía.
Así lo ha estimado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, contra quien interpuso recurso administrativo el afectado después de que la Administración Pública y la aseguradora denegasen su demanda en la Orden de la Consejería de Sanidad del 7 de junio de 2022, al desestimar cubrir los daños y perjuicios a raíz de la asistencia recibida en el Servicio de Urgencias y en la Unidad de Ictus del Hospital Universitario de Burgos.
El demandante solicitaba la cantidad de 60.209,02 euros en concepto de indemnización por la "mala praxis" médica que recibió durante la asistencia que se le prestó el 1 de julio de 2019 en el citado centro hospitalario.
Por su parte, la Junta de Castilla y León y la aseguradora entendieron que no procedía dicha indemnización al entender que el diagnóstico dado aquella fecha fue acorde a la lex artis, la asistencia fue "correcta" y la cuantía reclamada "no procedía".
No obstante, tras la presentación de los diversos fundamentos de derecho, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el afectado contra la Orden de la Consejería y, además de anular la misma, ha condenado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León al pago de la indemnización.