El caso de las monjas clarisas de Belorado, que se hacían famosas hace poco más de 10 días por renegar del Papa y unirse a la Pío Unión de San Pablo Apóstol, liderada por un falso obispo y organización considerada por la Iglesia una "secta", sigue dejando episodios más dignos de un bestseller. Esta vez, por una batalla judicial abierta con el alcalde del municipio burgalés, Álvaro Eguiluz, a quien en teoría han denunciado.
Una denuncia que llega después de que el regidor confirmarse que se les había denegado la licencia medioambiental para poner en marcha un criadero de perros en el convento, una actividad que les serviría para autofinanciarse, además de la parte del obrador. Y es que las religiosas, a través de un comunicado remitido por un supuesto bufete de abogados, del que no hay rastro alguno, habrían denunciado a Eguiluz por relevar "información privada públicamente sobre un procedimiento administrativo".
En este sentido, han acusado al alcalde de verter "acusaciones falsas sobre las hermanas en los últimos días". Así, aseguraban en su escrito que la licencia está en trámite, se entiende que la denegación de la misma está recurrida, y que se rechazó para "tener contentos a cuatro vecinos que se quejan porque supuestamente hacen ruido los perros con sus ladridos".
Y es que las religiosas se preguntan por qué, según se señaló en la paralización del trámite de la licencia, un criadero de perros "no es uso propio de la institución" y sí lo es, por ejemplo, "hacer y vender dulces". Se consideran objeto de una "discriminación" que vulnera el "Derecho Fundamental del Artículo 16 de la Constitución".
Este periódico ha podido ponerse en contacto con el propio Eguiluz, que reconoce, pasadas las 14:00 horas de este viernes, no tener constancia de dicha denuncia y asegura haberse enterado por las noticias. "No nos consta que hayan presentado nada, puede que lo hayan hecho, pero que no hayamos podido dar registro de entrada al documento", matiza.
Respecto a las acusaciones de las monjas clarisas, que cargaban directamente contra el propio regidor, éste asegura que "si ellas quieren emprender acciones legales, en su derecho están", al tiempo que desechaba "verter opiniones sobre una cosa que está fuera de lugar". "He comentado y he comentado bajo la creencia de que entendía que era información pública al tratarse de ámbito urbanístico y ambiental", aclara en palabras a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.
Asimismo, el regidor afirma que el informe desfavorable se debe a "cuestiones urbanísticas", según los datos del técnico municipal que señalaba que las circunstancias "no eran conformes a las normas". "La licencia se denegó porque había un informe técnico que entendía que no se les tendría que dar ese permiso porque urbanísticamente no era compatible", insiste.
Preguntado por la insinuación de las monjas, donde señalan que la licencia se denegó para "contentar a cuatro vecinos", Eguiluz recalca que no va a entrar en "ese juego". "Que digan lo que quieran. La licencia se deniega porque el técnico municipal entiende, y al Junta de Gobierno, siguiendo los informes jurídicos y técnicos, que no tiene cabida", asegura.
"Son cuestiones técnicas, que quizás las pueda revocar un juzgado en su momento, pero nosotros hemos seguido este criterio. Se hayan quejado los vecinos o no, porque a mí me de la gana hacer una cosa, es surrealismo puro", zanja.