Varias de las clarisas de Belorado junto con su portavoz, José Ceacero, en los juzgados de Burgos

Varias de las clarisas de Belorado junto con su portavoz, José Ceacero, en los juzgados de Burgos ricardo ordoñez ICAL

Burgos

Las exmonjas de Belorado, "libres y solas" tras expulsar al falso obispo Rojas, retan al Arzobispado: solo se irán si lo ordena un juez

Defienden que son "legítimas poseedoras del inmueble" y no reconocen ninguna autoridad que no sea un Tribunal de Justicia

26 junio, 2024 13:58
Javier García Ángel Pisano

Lo que ocurre con las mojas excomulgadas de Belorado, en Burgos, bien podría dar para una telenovela o una serie de alguna plataforma. Tras conocerse este miércoles que el pasado fin de semana expulsaron al falso obispo Pablo Rojas y al falso cura y barman José Ceacero del Monasterio de Santa Clara, ahora han lanzado una ofensiva directa contra el arzobispo.

Y es que, tras anunciar el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, el pasado lunes que le daría a los "próximos días" a las 10 ya exmonjas para abandonar el Monasterio de Santa Clara antes de iniciar los trámites legales, estas han respondido con que "no reconocen autoridad alguna a nadie más que a los Tribunales de Justicia para ordenar su desalojo".

De esta manera han respondido a las "amenazas al recurso de la fuerza pública" del arzobispado de Burgos para forzarlas a abandonar las instalaciones. A su juicio, esta sola es una posibilidad si así se "acompaña de una resolución judicial" contra ellas y que, además, "habría de ser por nosotras incumplida en periodo de ejecución voluntaria".

A través del comunicado, lanzado por redes sociales, las diez monjas excomulgadas han matizado que "no se ha procedido a la expulsión de nadie de sus instalaciones por la fuerza", refiriéndose así a Rojas y Ceacero. "Solo se ha comunicado nuestro deseo al señor don pablo de Rojas, de cuya jurisdicción nos apartamos, al señor José Ceacero, para que abandonasen el convento, actuando ambos de forma voluntaria y sin ningún tipo de coacción por parte de las abajo firmantes ni de ninguna otra persona, de manera que a día de hoy caminamos libres y solas en defensa de la fe católica", han aclarado.

Además, también han querido salir al paso de las "acusaciones ridículas" sobre una supuesta "trama inmobiliaria" que se les ha venido achacando, salvo que esta se entienda como "la suma artimética de los conventos de los que se nos pretende echar hasta las puertas de la misma calle, sin recursos y sin alternativa habitacional".

En esta línea, y ante la intervención de sus cuentas corrientes, han denunciado que se les ha dejado "sin poder atender los pagos de los proveedores de materia prima para nuestros dulces". Y es que las monjas excomulgadas entienden que han de "defender nuestra condición de legítimos poseedores del inmueble, que exhiben el título de propiedad suficiente sobre el Monasterio Adscrito a la acvitidad desempeñada en el mismo, sin que su parte se haya aclarado de qué forma la naturaleza administrativa de su comisario desvirtúa nuestro título o a quién se supone que se va a adscribir el inmueble el órgano correspondiente sin incurrir en su libre asignación".

Han explicado que el Monasterio de Santa Clara de Belorado está inmatriculado en el Registro de la Propiedad "en virtud de un documento privado de 1969 que confiere el 100% de su pleno dominio a la Comunidad Religiosas Clarisas de Belorado, sin que conste mayor condición o carga añadida".

De esta forma, han querido puntualizar que su comunidad religiosa ha venido desempeñando la "actividad que es propia y legítima en el Monasterio, debidamente inscrita en el Registro de Entidades Religosas del Ministerio, regida por el Derecho Canónico y por sus Estatutos y expresándose formalmente a través de los órganos correspondientes (abadesa, vicaria y discretas)".

Han recalcado que su decisión de abandonar la "iglesia conciliar en un clima conflictivo" fue "por amor a la verdad católica, presevando y secularizando la actividad vitalicia" a la que están "consagradas" y la cual llevan "a cabo" en el Monasterio de Santa Clara, "presentando  instancia para otorgar naturaleza civil a nuestra labor sin el menor ánimo especulativo, pues nuestro patrimonio está ligado de forma vitalicia a la labora que desempeñamos".

Con estos argumentos y entendiendo que es una "cuestión puramente jurídica" todo lo que se refiere a la titularidad de los bienes y su actividad, y que ésta ha de ser "discutida en la jurisdicción civil y no ante la autoridad eclesiástica", las religiosas aseguran que no entienden que "se aireen saldos en cuentas corrientes" o se lleven a cabo "declaraciones grandilocuentes tratando de crear una opinión pública en nuestra contra".

Estrategia en la representación judicial de sus abogados

El obispo excomulgado, Pablo Rojas, y el cura, José Ceacero, ya no están en el monasterio después de que las diez monjas excomulgadas hayan solicitado su salida el pasado sábado.

Esta podría ser una de las exigencias de los abogados al que han confiado su representación legal, por lo que han decidido la expulsión de los dos únicos miembros conocidos de la Pía Unión de San Pablo Apóstol.

Por su parte, la Comisión Gestora del monasterio ha recibido diversas facturas y nóminas de empleados, por un importe total de cerca de 11.000 euros, de los que va a hacer frente al pago de aquellas facturas de servicios necesarios para la vida ordinaria de la comunidad.

También harán frente al pago de once nóminas, por un importe aproximado de 9.800 euros.

Respuesta del Arzobispado

Pocas horas después, desde el Arzobispado de Burgos se ha aclarado que, "efectivamente", el Monasterio de Santa Clara es propiedad de la Comunidad de Religiosas Clarisas de Belorado, siendo por tanto un "bien de titularidad eclesíastica". Pero, por ello, han matizado que en el momento que las exmonjas han incurrido en excomunión, "ya no forman parte de dicha comunidad y, en consecuencia, dejan de ser legítimas poseedoras del inmueble, sin título legal alguno para habitar ni permanecer en él".

Una legitimidad que para el Arzobispado sí poseen las ocho religiosasa que no han accedido a este cisma. En esta línea, han recalcado que el título legítimo es en este caso de la "persona jurídica", es decir, según han explicado, la Comunidad de Relisiosas Clarisas de Belorado y "no a las personas físicas". "Por lo tanto, no se ajusta a la verdad la afirmación de que se les 'pretende echar hasta las puertas de la calle', como si fuera una decisión arbitraria. No es nuestra intención causar ningún perjuicio. Las exreligiosas son merecedoras de nuestro respeto y consideración. Pero, en realidad, son ellas quienes se han apartado de la Iglesia católica por una decisión 'libre y personal', hecho que conlleva aparejada la exclusión de la vida consagrada", han añadido.

En cuanto a la intervención de las cuentas corrientes, han recordado que al haber sido nombrado un Comisario Pontificio, es a él a quien le "corresponde" la administración de los bienes y las cuentas bancarias. "Así lo han reconocido todas las entidades bancarias a las cuales se ha dirigido la Comisión Gestora, aportando la documentación que acredita al Comisario Pontificio como representante legal de las entidades religiosas en cuestión", han asegurado.

Niegan la mayor, como es la "amenaza al recurso a la fuerza pública", tal y como les han acusado las exmonjas, "ni a ningún tipo de coacción". Así, han afirmado que su actitud "es y seguirá siendo" de "respeto y consideración" hacia ellas, pero esto es algo que "no es óbice para que se haya comunicado que, de no procederse a una salida voluntaria por parte de las exrelegiosas, se iniciarán las acciones legales a las que haya lugar". 

Han celebrado, eso sí, que se "reconozca la autoridad de los Tribunales de Justicia", que es a ellos a quienes les "corresponde velar por el cumplimiento de la legalidad vigente". "Lo que no se llega a comprender es que en el citado comunicado se haga referencia a 'dar una resolución extrajudicial al conflicto'. No puede entenderse como un conflicto la actuación del Comisario Pontificio y representante legal nombrado por la Santa Sede, en aras a preservar la integridad de la persona jurídica de los Monasterios, de quienes legítimamente habitan en ellos y de los bienes monásticos. Por eso no tiene sentido la interlocución con 'comisión profesionalizada' alguna; únicamente el cumplimiento de la legalidad vigente", han puntualizado.

"Más allá de los temas jurídicos anteriormente expuestos, reiteramos la disposición de la Iglesia católica de acoger nuevamente en su seno, con entrañas de amor y misericordia, a quien quiera emprender el camino de regreso a casa, a ejemplo de la parábola del hijo pródigo", han sentenciado.