Este martes, en el programa Todo Es Mentira, el colaborador Pablo Collantes ha mostrado una serie de mensajes que habría intercambiado con la exabadesa del convento de Belorado, Sor Isabel de la Trinidad. Según dicho colaborador, le habría llamado para detallar la situación a la que se enfrenta la comunidad religiosa tras la intervención de sus cuentas por parte del Arzobispado de Burgos.

En sus propias palabras afirma que el “Arzobispado de Burgos no está pagando desde el 4 de junio, cuando se intervinieron las cuentas”. Afirmando que “nos han suspendido las cuentas, el servicio de mensajería después de 20 años” y asegurando que “nos han suspendido el servicio de mensajería después de 20 años”. Según el colaborador también le habría dicho que “los trabajadores están en una situación límite” ya que “no les han pagado las nóminas de mayo y junio” asegurando que “les han cortado la línea telefónica” y que “les han amenazado tres veces con cortarles la luz”.

Sor Isabel ha calificado de “infame” la coacción del Arzobispado y denuncia la falta de respuesta a sus intentos de comunicación afirmando que “¡Nos quieren asfixiar!”.

El Arzobispado de Burgos, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León ha querido salir al paso ante estas declaraciones mediante la Comisión Gestora de los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio tras las manifestaciones de Laura García de Viedma, Sor Isabel Trinidad, la exabadesa del Convento de Belorado.

“No se ajustan a la verdad”, comienza el Arzobispado de Burgos en su comunicado, sobre las declaraciones de la exabadesa afirmando que la Comisión Gestora, “tiene entre sus funciones preservar el patrimonio perteneciente a los monasterios” lo que “conlleva administrar prudentemente los bienes, examinando con cautelas las obligaciones económicas de la entidad”.

Añaden que la Comisión Gestora ha “requerido en cuatro ocasiones la información de la actividad económica del monasterio, sin que ninguna de esas peticiones haya sido atendida” ni de forma presencial el 6 de junio mediante un requerimiento notarial ni por burofax el 22, 24 y 26 de junio.

“En estas peticiones se solicitaba toda la información legal, tributaria, fiscal, económica, contable, laboral, etc. necesaria para la correcta administración del monasterio. No solo se han ignorado estas solicitudes de manera reiterada, impidiendo cualquier tipo de comunicación por parte de la exabadesa, sino que además nos consta que ha sido dada una orden expresa por su parte de no facilitar esta documentación a la Comisión Gestora. Ante esta manifiesta obstrucción del derecho de administrar adecuadamente los bienes, nuestros servicios jurídicos actuarán en consecuencia”, amenaza el Arzobispado.

El comunicado añade que hasta la fecha “se han recibido más de 20 facturas por un importe superior a 35.000 euros” y “un total de once nóminas por 9.800 euros” para añadir que “con el exiguo saldo obrante en las cuentas, unos 6.000 euros, es imposible hacer frente a estos pagos sin la inyección de fondos de distintos monasterios de la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu.

“Una de nuestras prioridades es que cobren los trabajadores que prestan sus servicios en los monasterios. Para ello, se ha formalizado ya el procedimiento para pagar las nóminas de aquellos trabajadores que han seguido el protocolo establecido por la Comisión Gestora, ante las dificultades que ha generado la exabadesa: facilitarnos su DNI, su contrato laboral, las condiciones en las que venían prestando sus servicios, su número de cuenta actualizado, etc”, añaden.

Respecto a las facturas pendientes, desde el Arzobispado “se están atendiendo los pagos de aquellos servicios más básicos y urgentes”, apuntan, asegurando que “no tenemos constancia de los ingresos que se obtienen con las actividades que se realizan desde las instalaciones del monasterio” añadiendo que “de ellos pretende la exabadesa que se hagan cargo” como “la materia prima, el embalaje o la mensajería”.

“Cuando la exabadesa manifiesta que «es infame esta coacción» está actuando con temerario desprecio a la verdad, tratando de imputar unos posibles hechos delictivos a la Comisión Gestora. Nuestros servicios jurídicos valorarán estas manifestaciones y actuarán en consecuencia”, han apuntado, finalizando que desde el Arzobispado “no se ha ordenado el corte de ningún suministro ni se ha amenazado con hacerlo”.

“Tenemos que aclarar que ninguna empresa deja de proveer ningún servicio por el impago de una factura; todo indica que el pretendido corte de suministros es debido al impago de más facturas, cuyo importe desconocemos. Hasta la fecha, la Comisión Gestora ya ha afrontado pagos referidos a servicios de luz, gas y telefonía que superan los 3.000 €”, finaliza el comunicado del Arzobispado.