La polémica de las exmonjas de Belorado parece no tener fin y ahora se centra exclusivamente en la parte monetaria del asunto. En concreto en el control del patrimonio económico de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio, con los que, precisamente, se iniciaba toda la polémica. 

De un lado, la exabadesa del Monasterio de Santa Clara de Belorado, Laura García de Viedma, enviaba un comunicado explicando que su entidad religiosa se ha transformado en una asociación con sus estatutos, presidenta y junta directiva, separada de la Iglesia Católica.

Por lo que puntualizan que el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, no es el representante de esta asociación y que el control de las cuentas bancarias por parte del Arzobispado está perjudicando la actividad económica del monasterio, especialmente en la elaboración y venta de dulces.

En el escrito, García de Viedma insite en que actúa en representación de esa supuesta asociación surgida tras la transformación de la entidad religiosa 'Monasterio de Santa Clara de Belorado', por lo que acusan al Arzobispado de "usurpación ilegítima" de sus cuentas bancarias "sin que medie procedimiento judicial alguno que justifique dicha intervención".

Y añaden que como consecuencia de esta usurpación, "están proliferando informaciones falsas que nos presentan como morosas ante empresas y particulares, afectando gravemente a nuestra reputación", reflejó en el comunicado, en el que destacó que siempre han cumplido "puntualmente" con sus obligaciones financieras.

"En defensa de nuestro buen nombre y derechos, no dudaremos en emprender todas las acciones legales que sean necesarias, incluyendo la interposición de demandas sucesivas hasta lograr el resarcimiento correspondiente", advirtió.

Unas serias acusaciones que han sido respondidas por el Arzobispado de Burgos a través de otro comunicado donde acusa a Laura García de Viedma, de intentar confundir a la opinión pública al querer crear una nueva asociación civil formada por las exreligiosas y ser así la propietaria del patrimonio de los monasterios.

En nombre de la Comisión Gestora de los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio indica que dicha asociación "no consta que esté registrada como tal ante la autoridad competente". Y recuerda que la transformación de una entidad religiosa en una asociación civil "requiere el permiso y la forma de proceder que dispone la Santa Sede, que no se ha respetado en este asunto".

El comunicado de García de Viedma tiene "apariencia de denuncia ante una autoridad competente, sin especificar cuál es esa autoridad", según la Comisión Gestora, que recordó que ella ya había presentado otra denuncia ante la Policía Nacional hace más de un mes, ratificada posteriormente ante la autoridad judicial.

La Comisión Gestora asegura que el comisario pontificio, Mario Iceta, tiene el derecho de administrar todos los bienes de los monasterios. Por lo que "es una acusación falsa hablar de usurpación ilegítima de las cuentas bancarias ni se requiere para ello ningún procedimiento judicial".

"Todas las actuaciones realizadas por el comisario pontificio y la Comisión Gestora están realizadas dentro de la más estricta legalidad. Hay que hacer ver que todas las entidades bancarias y las Administraciones públicas, una vez aportada la documentación, han reconocido la representación legal del comisario pontificio", añaden.

Mientras las exreligiosas afirman la existencia de morosidad ante empresas y particulares, la Comisión Gestora sostiene que obran en su poder facturas impagadas que llevan meses sin ser abonadas por la gestión de García de Viedma, ascendiendo aproximadamente a 42.000 euros, algunas con hasta dos años de antigüedad.

La Comisión Gestora asegura también que "desconocen la amplitud de las obligaciones financieras" de los monasterios porque la exabadesa "sigue ilegalmente impidiendo el acceso a su gestión". Y recalcan que ya han solicitado dicha información mediante cinco requerimientos, sin respuesta alguna.

También han indicado que otros monasterios de la Federación de Nuestra Señora de Aránzazu han aportado fondos para hacer frente a las facturas y nóminas enviadas por García de Viedma, ya que los fondos en las cuentas bancarias eran insuficientes.

Además, la Comisión Gestora ha defendido su "respeto a las personas, a la legalidad, a la verdad y a la transparencia", afirmando que no caerán en descalificaciones o difamaciones. Todas sus informaciones están documentadas y verificables.

Pese a todo, comparten la esperanza "de que se restablezca la legalidad, que ella misma sistemáticamente vulnera", y señalan que sus servicios jurídicos están trabajando para que los tribunales resuelvan las responsabilidades correspondientes.

El comunicado previo

Por su parte, las exmonjas de Belorado, a través de un comunicado previo firmado por la propia Laura García de Viedma, aseguraran que su comunidad siempre ha estado al corriente de las obligaciones financieras hasta la intervención del Arzobispado. Denunciaron la "usurpación ilegítima" de sus cuentas bancarias sin procedimiento judicial que lo justifique, y que esto ha afectado su reputación al ser presentadas como morosas.

Por ello reiteran que siempre han asumido sus responsabilidades financieras y que la intervención del Arzobispado las ha proyectado falsamente como "deudoras y caprichosas, lo cual dista mucho de nuestra realidad y nuestra conducta habitual". Por eso, solicitan que se investiguen los hechos y restablecer la "legítima titularidad" y gestión de sus cuentas bancarias, además de exigir que se depuren responsabilidades por la "usurpación ilegítima" y la "difusión de informaciones falsas".

CajaSur

Finalmente, la Comisión Gestora acusa a la exabadesa de difamar al arzobispo Iceta tras sacar a relucior una sanción administrativa al comisario pontificio que de 2006 a 2010 fue miembro del consejo de administración de CajaSur, sugiriendo así su falta de legitimidad para gestionar bienes.

Pero el comunicado aclara que la sanción del Banco de España a los dos consejos de administración de CajaSur, donde participó Iceta, no se debió a irregularidades en la gestión de cuentas de terceros ni implicó inhabilitación alguna. El comisario pontificio se reserva el derecho de acudir a los tribunales para proteger su honor y buen nombre ante las declaraciones de Laura García de Viedma.