Insólito. El Pleno de la Diputación de León ha aprobado esta mañana por unanimidad una moción exigiendo al Gobierno central del PP y personificado en el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que retire inmediatamente el impuesto que grava las bebidas dulces o con azúcar. Entienden todos los grupos políticos, incluido el PP, que este impuesto es una amenaza directa hacia el cultivo de la remolacha azucarera en la provincia y en toda la Comunidad y que, por lo tanto, pone en grave peligro miles de puestos de trabajo en las zonas rurales

Lo más asombroso es que la moción, aunque firmada por todos los portavoces, ha sido iniciativa del Grupo Popular. En su intervención de apoyo, el propio presidente, el popular Martínez Majo se ha dirigido en tono despectivo al ministro Montoro al que ha rogado que "entre en razón".

El único diputado y remolachero, el leonesista Matías Llorente, hizo un apasionado alegato a favor de la remolacha y en contra del Gobierno central, acusando tanto a PP como a PSOE de haber apoyado en Madrid este impuesto a través de la aprobación del techo de gasto para los presupuestos.

El resto de los portavoces ha felicitado al PP por esta iniciativa que va en contra de una decisión  de un gobierno del PP. En este sentido, Majo ha dejado claro que por encima de las siglas están los intereses de los ciudadanos y de la provincia.

El acuerdo respaldado por unanimidad dice así: "Manifestamos nuestro apoyo a las reivindicaciones del sector remolachero-azucarero y el total rechazo a la propuesta de Gobierno de la nación de fijar un impuesto especial a las bebidas carbonatadas y azucaradas en España, e instamos al Gobierno de España a que desista de tal propuesta y sea sustituida por campañas informativas y educativas dirigidas a reducir consumos abusivos de estos productos, y promover una alimentación más saludable, en colaboración con todo el sector remolachero-azucarero. Instamos asímismo a la Junta de Castilla y León a que también lo haga en el mismo sentido".

28 millones de superávit

El Pleno ha aprobado definitivamente, en este caso por mayoría absoluta, los presupuestos 2017 de la Diputación, que ascienden a 134 millones de euros. Unos presupuestos de carácter inversor y social, ya que el 26% de las inversiones irá destinado a servicios sociales. El Plan  de Empleo contempla una inversión global de 3.275.400 euros, unos 500.000 euros más que el pasado ejercicio, con cuya dinero se podrá dar empleo a más de 900 personas en toda la provincia.

Estos presupuestos consiguen, asimismo, rebajar la deuda histórica a unos 30 millones de euros al final del presente ejercicio y el objetivo es que quede a cero al final de la legislatura. El total de la plantilla de la Diputación es de 1.164 trabajadores.

También se ha aprobado la liquidación y superávit del pasado año, que supera los 28 millones de euros.

Todos estos datos han sido bien valorados por el PP, desde donde se asegura que la Diputación cumple con creces el objetivo de estabilidad presupuestaria del ministro Montoro. También se está a la espera de la autorización para que el superávit pueda ser utilizado en inversiones productivas.

Normas subsidiarias

El otro debate que también suscitó acaloramientos y unanimidades fue la propuesta sobre la moción de normas subsidiarias de planeamiento de ámbito provincial. También aquí el apasionado y veterano diputado Matías LLorente defendió su postura alegando que la mayoría de los pequeños municipios rozaban la ilegalidad en sus aplicaciones urbanísticas y que rechazaban de plano acudir a la Diputación porque casi siempre se encontraban con una negativa como respuesta.

Explicó que era urgente actualizar las normas subsidiarias y que se haga desde el mundo rural, no desde los despachos urbanos de los arquitectos que no entienden las necesidades del campo. En este sentido, se creará un grupo de trabajo para la actualización de estas normas. Todos estuvieron de acuerdo.

Para debates en otras sesiones plenarias quedaron el aire preguntas sobre el desalojo de la cooperativa que gestiona el párking en el solar de Santa Nonia, propiedad de la Diputación en pleno centro de la capital; las negociaciones para indemnizar a la Fundación Sierra Pambley por la expropiación del Monte San Isidro; lo planes en las estaciones invernales de San  Isidro y Letariegos; o el no menos complejo proyecto de la creación  de parques de bomberos en la provincia. Todas estas preguntas se quedaron sin respuestas concretas.

Por último, también hubo unanimidad en otorgar la Medalla de Oro de la Provincia al Centro Región Leonesa de Ayuda Mutua de Buenos Aires y a la Colonia Leonesa de Cuba.