El PSOE pide ejecutar una sentencia del TSJ contra Majo
El PSOE ha pedido al alcalde de Valencia de Don Juan y presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, que devuelva a las arcas municipales los 40.000 euros que, según la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, cobró de forma irregular mediante un sistema de retribuciones ideado para eludir el régimen de incompatibilidades del alcalde y de los representantes del PP. Mediante este sistema, declarado nulo por el
TSJ, Juan Martínez Majo cobraba mensualmente un plus de 350 euros por presidir la Junta de Coordinación de Concejalías Delegadas y otro de 500 euros por presidir una Comisión Informativa, según asegura el PSOE en un comunicado oficial.
La reciente sentencia del TSJ obliga, según el comunicado del PSOE, al Partido Popular de Valencia de Don Juan a cambiar el actual sistema retributivo que “encubre dedicaciones con abultadas y desiguales cantidades por asistencias a órganos colegiados, permitiendo así que sus concejales, sorteando la ley, puedan añadir y acumular otros salarios o prestaciones sin ningún impedimento, sistema ideado personalmente por Juan Martínez Majo y aplicado durante muchas legislaturas, ha sido tumbado judicialmente por la interposición de un Contencioso Administrativo por parte del PSOE de la localidad durante la legislatura pasada y cuya resolución definitiva exige por parte del tribunal la inmediata ejecución de la sentencia y la aprobación de un nuevo acuerdo que se ajuste a derecho”.
Los socialistas exigen que “se cumpla la ley como se cumple en el 99% de los Ayuntamientos y que el alcalde deje de engañar a los coyantinos cobrando 15.000 € al año de manera fraudulenta o a todos los leoneses cobrando 74.200 € con una dedicación exclusiva como presidente de la Diputación, entre otros ingresos”.
Asimismo, los socialistas destacan que “es imprescindible depurar las responsabilidades políticas derivadas de la sentencia, pero lo que es obvio es que Martínez Majo es el único y principal responsable y quien debe explicar y asumir las consecuencias que ha pagado el Ayuntamiento por su actuación irresponsable y egoísta”.
