CSIF consigue una nueva sentencia contra los parques comarcales de bomberos

En la extensa provincia de León sólo existen dos parques de Bomberos profesionales, el de León y el de Ponferrada. Atender con la debida rapidez las urgencias que puedan surgir en gran parte de la provincia, resulta prácticamente imposible. La Diputación, que debe dar servicio a los municipios de menos de 20.000 habitantes, lleva años enzarzada en un inexplicable empeño de crear un servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento, mediante la gestión directa por funcionarios únicamente a las funciones de dirección, planificación, coordinación y control, mientras el personal de bomberos se llevaría a cabo de forma indirecta, por medio de un contrato con una empresa para que preste este servicio, y así se contempló en el Acuerdo de la Diputación de 25 de octubre de 2017, que ahora es declarado nulo por esta sentencia.

CSIF exigió desde el inicio que los bomberos debían ser funcionarios, ya que las funciones que se desarrollarían por dicho personal conllevan necesariamente el ejercicio de funciones de autoridad, por deber intervenir sobre personas y bienes privados en orden a garantizar su seguridad, realizando acciones que en muchas ocasiones implican el uso de la fuerza y entrada en domicilios y adoptando decisiones vitales y de urgencia para evitar las posibles situaciones de riesgo que pudieran surgir. Mientras tanto, para eludir las exigencias planteadas por el sindicato, por la Diputación se esgrimió como argumento la limitación de la tasa de reposición en el empleo público.

El empeño de la Diputación de ir en contra de la legalidad vigente supone un nuevo parón en la creación de los parques comarcales de bomberos previstos (Villablino, Cistierna, Celada de la Vega, Bembibre, La Pola de Gordón y Valencia de Juan), mientras ahora la institución promete poner en manos de otra empresa privada la realización de un informe sobre las necesidades de nuestra provincia. Y, unos por otros, una gran parte de nuestra provincia sigue y seguirá por mucho tiempo sin contar con un servicio público de prevención y extinción de incendios a la altura de las necesidades de la amplia geografía leonesa.