Los aeropuertos de Burgos y León han estado subvencionando "vuelos no rentables" por un importe que supera los siete millones de euros entre los años 2018 y 2022. Es una de las conclusiones que Greenpeace ha sacado a la luz en su último informe, titulado “Chanchullos en el aire: Análisis de las subvenciones de ayuntamientos y comunidades al sector aéreo”, en el que denuncian las ayudas que diversas administraciones han dado a las aerolíneas para mantener vuelos deficitarios.

En concreto, desde León se han concedido "más de cinco millones de euros a través del Consorcio para la Gestión de la Promoción del Aeropuerto de León, participado por el Ayuntamiento y la Diputación de León". Mediante esta subvención la aerolínea Air Nostrum mantiene diversas rutas que "no serían rentables sin estas inyecciones adicionales de dinero público". "Un contrato que ha sido renovado hasta el año 2024, a pesar de ser una práctica vigilada de cerca por entidades como el Tribunal de Cuentas Europeo, al suponer una perturbación de los principios de libre competencia", denuncia Greenpeace en un comunicado.

En el caso de Burgos, el aeropuerto de Villafría ha mantenido una fórmula similar abonando 1,2 millones al año a través de Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos S.A. (Promueve Burgos) para mantener su conexión con Barcelona. No obstante, este acuerdo "no ha tenido continuidad por las bajas cifras de demanda", a pesar del empeño del Gobierno municipal, cuyo alcalde llegó a afirmar que "no sería el primer alcalde en cerrar un aeropuerto".

Según Adrián Fernández, responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace, “en plena emergencia climática vemos como diputaciones y ayuntamientos financian una actividad nociva para el medioambiente, como es la aviación. Unas ayudas que bajo la apariencia de contratos de promoción turística, tienen como finalidad real que las aerolíneas mantengan de forma artificial unos vuelos innecesarios. Por ello exigimos al Ayuntamiento y la Diputación de León que detengan este tipo de ayudas y dedique estos recursos a promover un modelo turístico compatible con la protección del clima y el entorno.”

Ya en 2016 la propia Junta de Castilla y León abandonó está política de subvenciones por los malos resultados, en una región que concentra cuatro aeropuertos en 300 kilómetros. Tan solo Villanubla, en Valladolid, registra cifras de pasaje superiores a 100.000, el mínimo fijado por la UE para garantizar la viabilidad de un aeropuerto comercial. El resto se quedaron lejos de este umbral: en 2019 León registró 66.000 viajeros y Salamanca y Burgos 18.000 cada uno.

El avión es el medio de transporte más contaminante por persona

A través de su campaña de Movilidad, Greenpeace llama la atención sobre el impacto del sector aéreo en las emisiones de CO₂ y denuncia que en plena emergencia climática las administraciones sigan promoviendo los viajes en avión a pesar de ser el transporte más contaminante por persona transportada. Como ejemplo, alguien que viaje en avión de Valladolid a Barcelona estará emitiendo 165 kg de CO₂; mientras que el mismo viaje en un tren Alvia, que es 100 % eléctrico, supone solo 11 kg de CO2.[1]

Greenpeace exige a la UE y a los estados miembros la prohibición de los vuelos cortos cuando se pueda ir en tren. Una medida ya aplicada parcialmente en Francia y que no solo reduciría las emisiones procedentes de la aviación, sino también evitaría las importaciones de queroseno desde Rusia en un momento de crisis energética.

A pesar de que las compañías aéreas han expresado su intención de alcanzar las emisiones netas cero para el año 2050, apenas hay evidencia de que las grandes aerolíneas puedan alinear sus objetivos con los del Acuerdo de París. Es la conclusión de otro informe, ” Volamos hacia el fracaso climático: Un análisis de los siete mayores grupos aéreos europeos”, que Greenpeace publicó a nivel europeo este verano y que cuestiona la agenda climática de siete grandes grupos aéreos. Entre ellos figuran firmas muy presentes en el norte como Ryanair o el grupo IAG, matriz de Iberia, Vueling y Air Nostrum.

Según se desprende de dicho informe las aerolíneas carecen de planes a corto plazo para reducir sus emisiones absolutas de CO₂ y sustentan la mayoría de sus compromisos climáticos en soluciones que se consideran contraproducentes con el medioambiente, como los mecanismos de compensación de carbono o un mayor uso de agrocarburantes, cuya producción está relacionada con la deforestación en regiones tropicales.