“No fue inevitable ni fortuito; la mina avisa y el macizo siete avisó en varias ocasiones”, subrayó una de las letradas, que mencionó la existencia de bóveda o algunos golpes de gas como signos de que no se valoraron los riesgos evidentes. “Se habían normalizado los niveles elevados de grisú. Fue la parte técnica la que se embruteció y permitió una relajación en lo exigido y en la interpretación de las normas”, argumentó.

Otro abogado de la acusación afirmó que primaba la producción por encima de la seguridad en una empresa en la que, dijo, existía un ambiente de “no te quejes, porque hay consecuencias. Además, lamentó que algunos acusados ejercieran su derecho a no declarar y consideró que “el silencio les perjudica”. “Son perfectamente responsables todo ellos” dijo sobre la retirada de la acusación respecto a los vigilantes, que las acusaciones mantienen y también apuntó, aunque recordó que no es objeto de la vista que “son todos los que están, pero no están todos los que son”.

Para otro de los letrados, no se adoptaron las medidas de seguridad que hubieran evitado la muerte de seis mineros y las lesiones permanentes de otros nueve, se ignoraron las “señales existentes” y el sistema de explotación se llevaba a cabo “de forma negligente”. Por otro lado, lamentó -respecto a la petición de las defensas de que los denunciantes asuman las costas procesales que “en una visión pervertida del Derecho, tal vez las víctimas deban indemnizar a los responsables del delito. Se evidenció la posibles participación de los defendidos”.

"Libre la vida casi de milagro"

El representante de un picador sutirador que “libró la vida casi de milagro” cuando participó en el rescate y que sufre secuelas, destacó que no había instrucciones de actuación en caso de invasión súbita de grisú ni se contemplaba como riesgo la inhalación de grisú para la categoría laboral de su cliente. También lamentó que el fiscal haya aplicado, en cuanto a petición de indemnizaciones, el principio de “café para todos los lesionados”. 

El abogado de tres de los lesionados durante el rescate de los fallecidos recalcó que “nadie les impidió” que accediesen a la zona afectada por la invasión de grisú, “dejando que pusieran en peligro su vida”. Sabían, apuntó, que la Brigada de Salvamento -por su diseño y funcionamiento- iba a llegar a tiempo. También reseñó falta de sensibilidad en las declaraciones de alguno de los acusados sobre el desarrollo de las labores de rescate, sus circunstancias y consecuencias. 

Otro de los letrados manifestó que el accidente fue “el resultado fatal del incumplimiento del deber empresarial de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, más allá del aparente cumplimiento de las normas. Es innegable que ese deber de seguridad ha quebrado de manera flagrante”, recordó que no existía un plan de emergencia para una invasión intempestiva de gas y remarcó que todos los acusados tenían capacidad para influir en el resultado del accidente, por sus cargos, competencias o funciones. 

El abogado de la madre y hermano de uno de los fallecidos insistió en que “todos y cada uno de los acusados omitió facilitar los medios” para que las labores se desarrollaran en las condiciones adecuadas. “Primaron otros fines societarios sobre la seguridad” aseguró antes de añadir que la prioridad de los trabajadores cuando ocurrió el suceso, dada la ya complicada situación del sector, era acceder a una prejubilación o a una baja incentivada. Por su parte, aseguró, la empresa que en su día fuera modelo “se convirtió en todo lo contrario”. 

Varios de los letrados consideran que no tiene mayor relevancia a la hora de decidir sobre las responsabilidades de lo ocurrido, que derivó en la muerte por emanación de grisú, si el origen de la tragedia fue un colapso de la bóveda del taller siniestrado o un Desprendimiento Instantáneo (DI) del metano. Además, no consideran que deban aplicarse las atenuantes que reclaman las acusaciones, como dilación indebida o reparación de la causa dañada.