El PP lleva a los tribunales la presunta prevaricación y falsificación de documentos de un ayuntamiento de León

El Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Valderrey, en la provincia de León, decidió hoy llevar a los tribunales al equipo de Gobierno de Ciudadanos Rurales Agrupados del municipio de Valderrey por presunta prevaricación administrativa y falsificación de documentos públicos en la tramitación de la aprobación del presupuesto municipal de este ejercicio 2023.

Los ‘populares’ tomaron esta decisión ante la “gravísima situación” en la que aseguraron que se encuentra el Consistorio después de que el pasado 3 de diciembre “se forzara con la mayoría absoluta del equipo de Gobierno la aprobación inicial del presupuesto”, que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) diez días después.

Según informó el PP, un vecino del municipio solicitó el 27 de diciembre el expediente completo “al observar que ni en el portal de transparencia ni en la sede electrónica se encontraban los documentos imprescindibles para comprobar la veracidad del presupuesto”. En este sentido, puntualizaron que “los antecedentes del equipo de Gobierno ya apuntaban a una mala praxis en la elaboración de las cuentas, ya que en el año 2019 la interventora municipal advirtió la falta de tesorería para pagar las nóminas de los últimos meses o el reconocimiento extrajudicial de deuda que el Procurador del Común definió como ilegal”.

El día 5 de enero, el vecino anteriormente citado presentó alegaciones al presupuesto municipal “por haberse incumplido la información pública” y “la sorpresa fue mayúscula cuando el 16 de enero se publica en el BOP la aprobación definitiva al no haberse presentado alegaciones”. Ese mismo día el alcalde y el teniente alcalde se vanagloriaban en las redes sociales y en los medios de comunicación de dicha aprobación”, apuntaron.

Un mes después, el 14 de febrero, tal y como trasladó hoy el PP, el ciudadano recibió contestación a las alegaciones “indicándole que vierte falsedades en sus alegaciones” y que se tratará en el siguiente pleno. Este pleno se celebró el pasado 1 de abril, con la ‘desestimación de alegaciones’ como segundo punto de la convocatoria y en él el alcalde se refirió al vecino como “el individuo que presenta estos escritos”, de igual forma que señaló que “no se consideran alegaciones por las falsedades vertidas sino simples escritos que hay que llevar a pleno porque así se decidió en la contestación que se le dio”.

“El pleno continuó en una presunta prevaricación administrativa al rechazar el escrito de alegaciones por los votos a favor del equipo de Gobierno y al afirmar que los presupuestos ya estaban aprobados con anterioridad”, señalaron desde el Grupo ‘popular’, quienes añadieron que el alcalde y el teniente de alcalde retaron a la oposición a que acudan a los juzgados Juzgados y denuncien si consideraron algo irregular.