La Policía Nacional ha detenido a catorce personas en Lugo y León por un fraude a la Seguridad Social en el sector de la extracción y manipulación de la pizarra, que ha sido cuantificado en 5.019.996,71 euros. 

Unas investigaciones que comenzaron en marzo de este año, tras un escrito- denuncia de la Tesorería General de la Seguridad Social en el que se requería la actuación policial en las diversas actuaciones irregulares que han sido llevadas a cabo por los administradores de distintas empresas con el fin de eludir sus obligaciones con la Seguridad Social.

Las sociedades formaban un grupo empresarial creado y dirigido por un clan familiar formado por un padre y sus tres hijos, compuesto por, al menos, diecinueve sociedades. Estas mercantiles fueron constituidas o adquiridas con el único fin de eludir el abono de la deuda que iba acumulando la empresa principal, al incumplir la obligación del pago de las cotizaciones sociales de los trabajadores a los que se dio de alta en la misma y, además, evitar los posibles embargos y demás acciones que pudiera iniciar la Seguridad Social al ocultar de forma consciente, voluntaria y deliberada, el volumen real de negocio. A su vez, se valieron de diferentes personas interpuestas para ocultar a los auténticos responsables de las empresas. En consecuencia, se creó una trama perfectamente organizada con un sistema diseñado para la defraudación.

El objetivo del grupo era centralizar y concentrar la deuda contraída con la Seguridad Social por la sociedad matriz mientras se realizaban las ventas producidas por la extracción de pizarra a través de otras sociedades no deudoras. De esta forma, se impedía el embargo de las ganancias producidas al ocultar de forma consciente y voluntaria la situación real del negocio. Con esta operativa se consolidaron como uno de los productores de pizarra más importantes de la zona, al que la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León le había otorgado una Concesión de Explotación administrativa.

Existió una sucesión en la actividad de extracción y tratamiento de la pizarra entre las sociedades investigadas, las cuales operaban en un mismo lugar y utilizaban conjunta e indistintamente maquinaria y vehículos. A su vez, compartían datos de contacto y existió un domicilio centralizado desde el que se dirigían las operaciones de todas las sociedades.

Otra práctica habitual del grupo empresarial era usar a los trabajadores. Estos daban de alta y de baja a los empleados de forma conjunta y coordinada y realizaban un trasvase masivo de los mismos cuando era necesario. En muchos casos hicieron este cambio de empresa en un espacio de pocos días o, incluso, al día siguiente de cesar en la sociedad anterior. El responsable principal del conglomerado indicó a sus empleados que cambiaban de empresa por orden suya, y éstos no tenían posibilidad de negativa ya que les amenazaba con el despido.

Entre el conglomerado de empresas hubo tres que se dedicaron a temas administrativos y de gestión, siendo una de las hijas del mencionado clan familiar la autorizada RED de la práctica totalidad de las sociedades. Este hecho facilitó tanto los trasvases de trabajadores, como la facturación cruzada y permitió la dirección unitaria de todas las mercantiles.

Con el objetivo de ocultar a los verdaderos responsables de las empresas, se valieron de múltiples testaferros. La mayoría eran o habían sido trabajadores de las mercantiles investigadas que no poseían ni formación, ni experiencia laboral en la administración de empresas.

Existió un traspaso de bienes mediante supuestas ventas que en ningún caso redundaron en la disminución de la deuda contraída. Además, adquirieron bienes sin necesidad de solicitud de financiación externa, dato que acreditaba un elevado poder adquisitivo así como la nula intención de pago al preferir distraer su patrimonio que abonar lo adeudado.

En base a todas las investigaciones llevadas a cabo por parte de la Policía Nacional, se ha podido determinar que el perjuicio económico total causado a la Tesorería de la Seguridad Social por el grupo empresarial asciende a 5.019.996 euros. Esta cantidad se habría visto incrementada de no ser por las actuaciones policiales, ya que se detectaron nuevos intentos de descapitalización de las sociedades con el único fin de dificultar labores ejecutivas de apremio por parte de la Seguridad Social.