El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha mostrado este miércoles su rechazo a la llegada de un contingente de menores inmigrantes no acompañados al municipio leonés de Villarrodrigo de las Regueras, después del reparto acordado entre el Gobierno de España y el de Canarias para distribuir a 300 menores por diferentes provincias del país. "Que los aloje la ministra en su casa o billete de vuelta a su país", ha escrito el vicepresidente en su cuenta de la red social X.
Los menores inmigrantes llegarán en los próximos días a este municipio leonés para alojarse en el chalet de Pozo, un mítico complejo de la localidad que dispone de 60 habitaciones y que albergó miles de bodas y comuniones, que cerró sus puertas en 2013 y que se reabrirá este verano como Centro Humanitario temporal.
En concreto, será la orden hospitalaria de San Juan de Dios la que se haga cargo del proyecto y en unos días concretarán el mismo, que se basa en la acogida de menores inmigrantes de Canarias para dar salida a la situación que viven las islas, con una situación de masificación al contar con 5.670 personas hacinadas.
Gallardo endurece su mensaje al calor del avance de las fuerzas antiinmigración en las europeas
En las últimas semanas, Gallardo ha endurecido su mensaje contra la inmigración y el pasado 6 de junio, a raíz de una noticia sobre una agresión de 13 jóvenes magrebíes a unos estudiantes en Salamanca, el vicepresidente lanzó un mensaje contundente en su cuenta de X. "¡Fuera moros violentos de nuestras calles!", señaló.
En esa misma publicación, el número dos de la Junta defendió que "los jóvenes españoles tienen derecho a salir de fiesta sin miedo a que les den una paliza" y pidió el voto para Vox, en plena campaña de las europeas, "contra la islamización, la inseguridad y la inmigración masiva". Unos comicios en los que las formaciones contrarias a la inmigración masiva han logrado un notable avance en toda Europa.
Sonada ha sido también la polémica a cuenta del intento de Vox en el Ayuntamiento de Burgos de ordenar a la Policía Local perseguir los empadronamientos ilegales de inmigrantes, al dirigir el área de Seguridad. Una medida de la que se desmarcó la alcaldesa, la popular Cristina Ayala, recordando que solo ella tiene autoridad sobre los agentes municipales y asegurando que el Grupo Popular no compartía varios puntos de la medida anunciada por sus socios.