El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este lunes en León "desconocer" las preguntas registradas por el exsocialista José Luis Ábalos en el Congreso de los Diputados acerca de un guardia civil que supuestamente controlaba los accesos del Ministerio de Transportes en su etapa al frente de este departamento.

"Desconozco las preguntas que haya podido realizar el señor Ábalos como diputado, todas serán contestadas oportunamente y solo puedo confirmar la plena legalidad de cualquier funcionario del Ministerio del Interior en cualquiera de las gestiones en el Covid, antes y después del Covid", ha afirmado.

Deportación de saharauis

Así se ha pronunciado durante la celebración del Día de La Merced en el centro penitenciario leonés de Mansilla de las Mulas en la que ha informado, además, de que los activistas saharauis con pasaporte marroquí que permanecían en el aeropuerto de Barajas y que serán deportados no son "acreedores de protección internacional".

"En el cumplimiento de la legalidad nacional e internacional en todo momento es el marco en el que nos movemos. Se deportarán o serán devueltos todos aquellos que con conformidad a la ley no se hayan estimado como acreedores de protección internacional y siempre con la ratificación judicial al respecto", ha añadido.

3,2 millones

El ministro del Interior ha anunciado una inversión de 3,2 millones de euros en la prisión leonesa de Mansilla de las Mulas y ha mostrado el "absoluto" del Ministerio con el conjunto de funcionarios y con garantizar su seguridad.

"Mi compromiso con el colectivo de funcionarios de prisiones, más de 25.000 hombres y mujeres que realizan un trabajo excepcional en la reinserción de las personas privadas de libertad para garantizar que puedan, una vez cumplida la pena, vivir en sociedad", ha señalado.

También ha recordado que realizan "otras labores esenciales" como "la gestión de más de 40.000 condenas alternativas a la privativa de libertad". "Llevamos seis años realizando ofertas de empleo público importantes, se han cubierto más de 6.000 plazas y la última es de algo más de 1.000", ha dicho.

Además, ha destacado que se llegó a la cifra récord de 25.000 funcionarios con 70.000 internos y que ahora no se llega a los 50.000 en los 81 centros penitenciarios españoles. Y ha abogado por trabajar en las infraestructuras del conjunto de centros penitenciarios y por la "inversión en formación".

"Nuestro compromiso es seguir trabajando y profundizando para garantizar que los funcionarios tengan las mejores condiciones profesionales y para los internos e internas la existencia de todos los planes de trabajo para su resocialización", ha zanjado.