La expresión para referirse a León que muchos leoneses odian: en el resto de España no se entiende

La actual comunidad autónoma de Castilla y León está compuesta por dos regiones históricas: Castilla la Vieja –exceptuando las provincias de Santander y Logroño– y la Región Leonesa.

Una autonomía que fue la última en configurarse y cuyo Estatuto fue el último en aprobarse, en febrero de 1983, precisamente debido a las complicaciones que generó la heterogeneidad de sensibilidades regionales y provinciales existentes en la nueva comunidad autónoma.

Entre esas sensibilidades, destaca especialmente el sentimiento de identidad de la provincia de León que nunca se ha terminado de sentir del todo integrada en la Comunidad. Y precisamente de esa realidad viene una expresión que muchos leoneses odian cuando se refieren a ellos.

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Se trata, como no podía ser de otra manera, de utilizar la expresión castellano y leonés a la hora de referirse a un leonés, algo que genera rechazo en un amplio porcentaje de la población de esa provincia y que es desconocido en el resto de España, ajena a las disensiones internas en el seno de la Comunidad.

Además, el rechazo hacia esa expresión se ha incrementado aún si cabe en los últimos cinco años, en los que se ha producido un exponencial auge del leonesismo que se ha visto refrendado en los últimos procesos electorales celebrados en la Comunidad.

También en las mociones en favor de la autonomía leonesa que han tenido lugar en diferentes ayuntamientos de la provincia, tanto en la capital leonesa como en municipios más pequeños, y en la Diputación y en las grandes manifestaciones a favor de la separación de la autonomía leonesa.

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Identidad de León

La Región Leonesa tenía, y tiene, una fuerte identidad histórica y esto provocó que gran parte de su población rechazase unirse a la nueva Comunidad.

Tras aprobarse el Estatuto, en junio de 1983, el Grupo de Alianza Popular en el Senado presentó un recurso de inconstitucionalidad sobre la incorporación de León a la Comunidad, aunque en septiembre de 1984 el Tribunal Constitucional se pronunció a favor de la incorporación.

El texto del Estatuto terminó siendo aprobado después de meses de duras negociaciones entre la Unión de Centro Democrático (UCD) y el PSOE, los dos partidos con mayor apoyo en ese momento a nivel nacional, en junio de 1981.

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Pero la tramitación parlamentaria de la nueva norma tendría que esperar, ya que, a ese cúmulo de complicaciones por la heterogeneidad identitaria de la nueva Comunidad, se terminaría sumando la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el mes de octubre de 1982.

Finalmente, el 22 de febrero de 1983, ya con el socialista Felipe González en la Moncloa, el Congreso de los Diputados aprobó el Estatuto de Autonomía de Castilla y León –el último que se aprobaría en España– con 208 votos a favor, 100 abstenciones, cuatro votos negativos y dos nulos.

De este modo, quedaría consagrado el nacimiento de Castilla y León como comunidad autónoma heredera de esas dos regiones históricas: Castilla la Vieja y la Región Leonesa.

Una Comunidad sin capital

El Estatuto de Castilla y León, aprobado el 22 de febrero de 1983, no hace mención alguna a cuál es la capital de la región, ni tampoco hace referencia al lugar en el que deben ubicarse las principales instituciones de la Junta. Esta última cuestión se encuentra regulada en la Ley de Sedes, aprobada cuatro años después, en 1987.

Con esa norma, impulsada bajo el Gobierno de José María Aznar en la Junta, se decretó que el Castillo de Fuensaldaña se convirtiera oficialmente, aunque ya lo era provisionalmente desde 1983, en la sede de las Cortes de Castilla y León, una condición que albergó hasta la inauguración de la actual sede en la capital, en 2007.

También se ubicarían en Valladolid la Presidencia de la Junta y las consejerías de la misma. Con todo, otras instituciones se ubicaron en otras provincias. El Tribunal Superior de Justicia en Burgos, el Tribunal de Cuentas en Palencia, el Consejo Consultivo en Zamora y el Procurador del Común en León.

La aprobación de esta Ley de Sedes no trajo consigo ningún cambio con respecto a la capitalidad de la región, que seguiría vacante, aunque sí que produjo una centralización de facto en torno a la ciudad de Valladolid.

El rechazo al "centralismo"

Esta no terminó de convencer a las provincias periféricas, especialmente al leonesismo, que vivió su primer momento de auge durante la década de los 90, en respuesta a lo que este movimiento consideraba un proceso de centralización cada vez mayor de la Comunidad.

Un sentimiento que siguió en auge y, prueba de ello, es una reciente encuesta elaborada por Metroscopia en la provincia de León entre el 23 y el 25 de octubre sobre una muestra de 1.000 entrevistados que concluyó que apenas el 26% de los leoneses aboga por mantener la pertenencia de León a la Comunidad.

Un momento dorado del leonesismo que se ha replicado en el último lustro y que ha provocado que, más que nunca, la expresión castellano y leonés para referirse a un leonés sea ampliamente rechazada en la provincia de León.