La Policía Nacional, en una operación conjunta con funcionarios de la Agencia Tributaria y dirigida por la Fiscalía Europea, ha detenido a 30 personas por su implicación en un presunto fraude de más de 17 millones de euros en el comercio intracomunitario de vehículos de lujo procedentes de Alemania.
La operación se ha desarrollado en 13 provincias españolas, entre ellas la de León. Además, se han realizado registros en Madrid, Barcelona, Toledo, Málaga, Albacete, Alicante, Valencia, Murcia, Almería, Granada, Jaén, Córdoba y León, y en Alemania, donde residía el líder de la organización, que desde allí operaba y daba las directrices.
Además, utilizaba documentación falsa para eludir la acción de la justicia, ya que le constaba una reclamación judicial para su ingreso en prisión así como otras 18 requisitorias judiciales por encontrarse investigado en diversas causas relativas a tráfico de estupefacientes y fraude fiscal, entre otros delitos.
Fue detenido e ingresado en prisión en Alemania, a la espera de ser extraditado a España.
En el marco de esta investigación se llevaron a cabo dos entradas y registros en el domicilio particular del líder y en una empresa controlada por éste en Alemania, así como 15 registros en España, concretamente siete en domicilios de los principales líderes y en ocho empresas de compraventa de vehículos de lujo.
Asimismo, se bloquearon numerosas viviendas de lujo adquiridas con fondos del negocio criminal valoradas en más de 11 millones de euros y números vehículos de alta gama y se intervinieron 307.860 euros en efectivo, numerosas joyas y relojes de lujo.
También se bloquearon productos financieros en España, Alemania, Portugal y Lituania pertenecientes a las empresas que formaban todo el conglomerado empresarial necesario para cometer los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
La cúpula de la organización operaba desde Alemania y se encargaba de suministrar los vehículos a diferentes empresas situadas en España, que eran distribuidos a través de dos ramas del entramado encargadas de transportar y entregar los mismos en la zona del Levante y en Andalucía, concretamente en Córdoba y la Costa del Sol.
Finalmente, una tercera rama del grupo se encargaba de crear todo el entramado empresarial necesario para llevar a cabo el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.
El modus operandi consistía en introducir los vehículos mediante empresas missing trader, que incumplían la obligación de ingreso de IVA en la Hacienda española, de forma que los vehículos eran vendidos a un precio inferior al de mercado. Estas empresas acumularon una deuda tributaria superior a 17 millones de euros.
La organización criminal se valía para sus objetivos de personas necesitadas de especial protección a las cuales, a cambio de alojamiento en diversos pisos francos de la organización criminal, utilizaban para hacerlos figurar como administradores y socios de las empresas de la trama.