Castilla y León
2018: “hito” en quejas en sanidad, según el Procurador del Común
El Procurador del Común, Tomás Quintana, ha calificado de "hito" la presentación de quejas en materia de sanidad, que han alcanzado 4.192, aunque más de 3.900 se referían a un mismo asunto, y ha advertido de que se "percibe" como "problema" la prestación del servicio de salud "especialmente en el medio rural".
Quintana, quien ha comparecido este martes en las Cortes de Castilla y León para presentar su informe correspondiente a 2018, ha señalado esta cuestión, aunque ha aclarado que gran parte de las quejas correspondientes a sanidad se refieren a una "múltiple" relativa al Servicio de Oncología de Zamora --3.984--, asunto sobre el que ha explicado que se han pronunciado este año y se incorporará en el próximo informe.
Precisamente la falta de personal del Servicio de Oncología de Zamora ha disparado el número de quejas registradas en el Procurador en 2018, cuando se han contabilizado 6.500 --un 67 por ciento más que en 2017-- y de ellas 3.900 --el 60 por ciento-- fueron relativas a las "deficiencias" en la provincia zamorana.
Aún teniendo en cuenta estas quejas, Quintana ha señalado la percepción de esta problemática en la prestación del servicio de salud, cuyo origen, entre otras causas, puede estar en la carencia de facultativos dispuestos a presentar sus servicios en los consultorios médicos de los pueblos.
De esta forma, ha asegurado que "parece necesario" reorganizar el sistema para que "resulte atractiva la ocupación por los facultativos de las plazas a cubrir".
El Procurador del Común, además de las quejas de Zamora, ha explicado que se han tenido conocimiento de deficiencias en la situación del servicio público de salud que han afectado a diferentes localidades situadas en el medio rural concernientes a diferentes especialidades médicas como "por ejemplo" la asistencia pediátrica en Linares de Riofrío o Alamedilla (Salamanca).
También ha concretado que se han recibido quejas formuladas por pacientes de tres pequeños núcleos de población de la provincia de Ávila por tener que desplazarse para recibir el tratamiento anticoagulante ante la falta de acceso a internet por parte de los facultativos.
También ha apuntado, entre otros casos que ha asegurado que no ha citado, la situación de dos poblaciones de Burgos en las que se había suspendido la asistencia sanitaria prevista con carácter periódico, de manera que los pacientes tenían que acudir a otros consultorios.
Listas de espera
Otra vertiente de la problemática que el Procurador ha analizado en relación con la gestión de los recursos y organización del servicio de salud afecta a las listas de espera, al constatar la existencia de "importantes diferencias entre provincias en lo referente al tiempo de espera de los pacientes".
Quintana ha recordado que ya se pidió la regulación de un sistema de garantías para la realización de pruebas diagnósticas y para la atención especializada en la forma prevista par alas listas de espera en intervenciones quirúrgicas.
El Procurador ha destacado el "interés" que tienen las irregularidades denunciadas en relación con el Hospital de El Bierzo (León), su investigación posterior y el conocimiento del "colapso" del Servicio de Radiología.
Quintana, aunque podía citar más ejemplos, ha apuntado que los que ha expuesto durante su intervención ponen de manifiesto la "necesidad" de que la Administración autonómica haga el "máximo esfuerzo" para resolver los problemas detectados en la organización del servicio y anticiparse incluso a otros que puedan surgir a la vista de las características de la Comunidad.
Casi 6.500 quejas
Tomás Quintana ha destacado estas quejas que suponen la mayor parte de las presentadas el pasado ejercicio, cuando se tramitaron 6.579 expedientes, de los cuales 6.500 corresponden a quejas formuladas por los ciudadanos y 79 a las actuaciones de oficio, datos que colocan 2018 como 'récord' en la recepción de quejas precisamente por la situación de Zamora.
La situación del Servicio de Oncología se refleja también en la recopilación de datos por provincias donde Zamora lidera las estadísticas con un total de 3.859 reclamaciones, que representa el 59 por ciento del total. Le sigue León con 620 quejas y Valladolid con 426. A continuación se sitúan Palencia con 367, Burgos con 266, Salamanca con 277, Ávila con 116, Segovia con 102 y finalmente la provincia de Soria con 87.
Completan las estadísticas las reclamaciones de ciudadanos residentes en otras provincias de fuera de la Comunidad, que fueron un total de 199. Del extranjero llegaron 3 quejas. Además de 300 quejas cuyos autores están identificados a todos los efectos, pero no incluyen el domicilio, ni la provincia.
En cuanto a la distribución por áreas Sanidad también se sitúa a la cabeza por las quejas al Servicio de Oncología de Zamora, así, este área copa el 64 por ciento del total con 4.192 quedas de las que algunas se refieren también a deficiencias en el servicio sanitario del medio rural.
Función Pública ha sido la segunda área con mas quejas, un total de 812, el 12 por ciento del total, con un incremento "importante" desde el año anterior, cuando se registraron 665, y que, en su mayoría, se refieren al proceso de selección de personal de servicios de la administración y a la situación del personal sanitario no asistencial que reclama una igualdad de trato con respecto al asistencial.
El régimen jurídico de las corporaciones locales, bienes y servicios municipales llegaron al seis por ciento de las quejas, seguida de Medio Ambiente, Educación y Fomento con un 3 por ciento respectivamente, Hacienda, Familia e igualdad de oportunidades, Industria, Comercio y Seguridad Social con un 2 por ciento cada una y con un uno por ciento Agricultura, Ganadería, Justicia, Cultura y Patrimonio.
Actuaciones de oficio
Entre las 79 actuaciones de oficio destacan las referentes a los bienes y servicios municipales.
Así, se han abierto 68 actuaciones de oficio para conocer por qué las entidades locales menores se daban de baja en el control sanitario de agua de consumo humano. Además, se ha actuado de oficio sobre la utilización de las nuevas tecnologías por parte de menores en las bibliotecas sin supervisión, sobre los problemas de los niños con dislexia, menores con altas cualificaciones o los escolares con disfemia (tartamudez).
Asimismo, continúan abiertas las actuaciones sobre la escolarización de menores de 0 a 3 años, el uso de patinetes eléctricos en la Comunidad, las inspecciones en las residencias de la tercera edad o el problema de las macro granjas.
Administraciones y aceptación
Como ha explicado Quintana, del total de quejas presentadas la mayor parte se refirieron a cuestiones sobre la administración autonómica --5.340, un 82 por ciento del total-- el 15 por ciento restante --967-- a la administración local y 160, un dos por ciento, a la administración central.
En total, el Procurador del Común dicto el pasado año 980 resoluciones, de las que 347 -- el 35 por ciento-- se archivaron al no existir irregularidades, y 633 -- el 65 por ciento-- concluyeron con recomendación. De ellas, 423 fueron contestadas a 31 de diciembre de 2018, 19 expedientes fueron archivados y están pendientes de contestación 191, lo que genera "frustración", como ha reseñado Quintana.
El Procurador del Común ha señalado que de las 423 la administración a la que se refería aceptó la recomendación en el 62 por ciento de los casos --264--, fueron aceptadas parcialmente en el 10 por ciento --41-- y no fueron aceptadas en el 28 por ciento de los casos -118-.
Discriminación del mundo rural en servicios
El Procurador del Común, Tomás Quintana, ha advertido de la posible discriminación a los ciudadanos que viven en el medio rural en lo que se refiere a la prestación de servicios, algo que puede contribuir a su abandono y agravar el problema de la despoblación, ya que han incrementado las quejas frente a las entidades locales menores que prestan servicios.
Quintana, quien ha presentado el informe del Procurador correspondiente a 2018, ha explicado que se han elevado "sustancialmente" el número de quejas que han presentado los ciudadanos en materia de servicios y bienes locales (una parte de las 405 que se contemplan bajo la denominación Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, Bienes y Servicios Municipales).
En concreto, ha explicado el Procurador del Común, con referencia a la prestación de servicios, un año más ha sido el de abastecimiento de agua potable el que más reclamaciones ha generado, fundamentalmente por los problemas causados en el suministro debido a la contaminación de las aguas de consumo, la turbidez o la escasa presión que impide el funcionamiento ordinario de los aparatos domésticos.
Sin embargo, ha indicado que también se ha incrementado el número de reclamaciones frente a las entidades locales que prestan, por delegación o sin ella, determinados servicios municipales, con la denuncia fundamental de una inadecuada prestación de los servicios.
Quintana ha añadido que incluso algunas entidades locales menores han demandado la intervención de la Procuraduría y han hecho saber la "discriminación" que sufren a la hora de recibir las inversiones municipales en sus poblaciones o la progresiva disminución de las ayudas que reciben de otras administraciones, las cuales resultan "indispensables" para garantizar una prestación igualitaria de los servicios públicos, "homologable" a la que reciben los ciudadanos de los núcleos más poblados.
El Procurador del Común ha asegurado que el problema les "preocupa doblemente", por un lado, por lo que puede tener de discriminatorio el hecho de que los ciudadanos, en función del lugar donde residan, reciban unos servicios de mayor o menor calidad y, por otro, porque la "deficiente" prestación de servicios en el medio rural puede contribuir a su abandono, lo que agrava el fenómeno de la despoblación.
Gestión del Patrimonio Municipal
También en el apartado de bienes y servicios municipales, Tomás Quintana ha apuntado que también es una fuente de quejas que crecen la tenencia y gestión de los bienes locales porque a través de ellas aprecian cómo "en demasiadas ocasiones" el conjunto de bienes que forman el patrimonio municipal se halla en estado de abandono, de manera que las entidades locales "con frecuencia" permanecen inactivas ante las "ocupaciones ilegales" de espacios o terrenos de titularidad púbklica que realizan los particulares, lo que supone la "sustracción" de los bienes afectados al uso público.
En cuanto a los bienes de las entidades locales, como resultado de las investigaciones que el Procurador ha llevado a cabo a partir de las denuncias recibidas, ha señalado que se siguen apreciando irregularidades en los procedimientos que se siguen para permitir la explotación, particularmente, de los bienes comunales, lo que les lleva a afirmar que la gestión de los patrimonios municipales es "manifiestamente mejorable".
Quintana se ha mostrado convencido de que la recuperación, la adecuada gestión y la puesta en valor de esta categoría de bienes públicos por parte de las entidades locales no sólo mejoraría su rentabilidad, sino que también podría contribuir a incentivar en algunos casos la permanencia en el medio rural de algunas personas, incluso de las más jóvenes, de manera que ayudaría a frenar la despoblación en determinadas zonas.
Finalmente, el Procurador del Común ha destacado el apoyo que deben seguir prestando las diputaciones provinciales a las entidades locales menores y a los pequeños municipios, no sólo para la prestación de los servicios públicos para que sean similares a los que reciben los ciudadanos en las localidades de mayor tamaño, sino también para la gestión patrimonial de los bienes de manera que las pequeñas entidades locales realicen una eficiente explotación de los mismos y se logre así generar ingresos que contribuyan a paliar las carencias económicas que padecen.
El compromiso del Procurador del Común
El Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, se ha comprometido a estar "muy atento" a lo que ocurre en la Comunidad para actuar de oficio en beneficio de los ciudadanos.
Quintana, en el turno de réplica durante su intervención en las Cortes de Castilla y León donde ha presentado su informe correspondiente al año 2018, ha asegurado que estudiará las intervenciones de los portavoces de los diferentes grupos políticos para prestar atención a aquello que pueda hacer.
El Procurador ha incidido en que además de las quejas de los ciudadanos estará "muy atento" a todo lo que ocurre en la Comunidad para iniciar sus actuaciones de oficio y, "en esa idea", estará atento a lo que dicen quienes representan a los ciudadanos.
Por ello, ha reiterado que su compromiso es estudiar las intervenciones de los portavoces de los grupos una vez se publiquen en el diario de sesiones para intentar "mejorar".
Durante su intervención, Quintana ha agradecido la comprensión y el reconocimiento hacia la Institución, que aunque es un órgano unipersonal cuenta con el trabajo de una treintena de personas en una actividad que, aunque resulta "gratuita" para los destinatarios, cuestan una cantidad "moderada", y que la tienen que devolver "con creces" a los ciudadanos. "Para eso estamos, somos conscientes", ha señalado.
