En diciembre de 2020 la patrulla del Seprona de la Guardia Civil del municipio palentino de Barruelo de Santullán empezó a investigar unas imágenes publicadas en redes sociales en las que se podían ver a dos personas abatiendo un ejemplar de zorro y narrando el proceso con todo detalle, según Ecologistas en Acción, en actitud sonriente y posando junto con el cadáver del zorro, así como "actuando en clara coordinación y colaboración en la caza y muerte del animal".
La investigación concluyó con la denuncia contra dos vecinos de Valladolid que se encontraban ejerciendo un lance de caza en el interior del coto privado de Dehesa de Montejo sin permiso del titular de dicho coto, que en este caso era la Junta Vecinal de Dehesa de Montejo.
Los dos acusados, uno como responsable directo del disparo y el otro como guía cooperador necesario, dispararon al zorro hasta en dos ocasiones mientras este se encontraba dentro del coto de Dehesa de Montejo, lo que motivó la muerte del animal.
Y es que, según consta en el atestado del Seprona al que ha tenido acceso Ecologistas en Acción, ambos llevaron a cabo dicha acción de manera deliberada e intencionada, y con pleno conocimiento de que carecían de la pertinente autorización, por lo que estaban ante una práctica de caza furtiva.
Este martes 31 de octubre a las 12:00 horas es cuando está prevista la celebración del juicio oral contra estos dos cazadores.
De este modo, Ecologistas en Acción ha solicitado a través de un escrito de acusación una multa de seis meses a razón de 12 euros al día para cada uno de los acusados, así como tres años de inhabilitación para el ejercicio de la caza y la imposición de las costas del proceso por la comisión de un delito tipificado en el artículo 335 del Código Penal relativo a la protección de la fauna.
Por su parte, el Ministerio Fiscal ha pedido la misma cuantía en cuanto a la multa, pero dos años de inhabilitación para cazar y una indemnización de 308,7 euros por responsabilidad civil en favor del representante legal del Coto de Caza de Dehesa de Montejo.
Cabe destacar que a raíz de este atestado del Seprona, la asociación ecologista se interesó por una infracción administrativa con la que ya contaba uno de los acusados por no precintar una cabeza de ciervo macho. Según ellos, esta infracción debería contar con un expediente sancionador tramitado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia. Sin embargo, según denuncian, el organismo ni ha iniciado trámite alguno, ni ha contestado a las solicitudes de información.
Ante esto, la asociación reconoce que no le quedó más remedio que recurrir al Comisionado de Transparencia, lo que, según han confirmado, obligó a la Junta de Castilla y León a tramitar dicho expediente sancionador, el cual fue resuelto en abril de 2022 con una multa mínima de 2.000 euros por la comisión de una infracción administrativa grave a la Ley de Caza de Castilla y León.