He querido hablar de los recortes de los servicios públicos que se producen hacia toda la sociedad, pero en especial los que se originan en el ámbito rural haciendo mención, como causa inherente a ellos, la despoblación que se vive en la provincia de Salamanca. Considero que es más urgente prestar atención a una de las prestaciones sociales que más los está sufriendo, la Sanidad pública, más que nada porque siendo un servicio que se presta en todo el Estado, lo sucedido en Salamanca días atrás puede suceder en otros lugares.

Si no es de forma regular, al menos sí son más habituales las agresiones a funcionarios públicos. El último caso aconteció días atrás. Una agresión a dos enfermeros del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico de Salamanca. Cualquier agresión es deleznable, pero éstas y en general las que se producen sobre los funcionarios públicos, tienen una carga añadida, porque no son sólo agresiones a unas personas, a unos profesionales, son agresiones en sí mismas a los derechos de todos los ciudadanos.

Son agresiones al derecho a la educación de nuestros hijos, al Sistema Educativo si se produce sobre un maestro; sobre tu seguridad como ciudadano si se agrede a un policía... son agresiones y ataques que afectan de forma directa a todos.

Si estas agresiones proliferan y se hacen habituales, no sería descabellado ver unas visitas al médico supervisadas por personal de seguridad, resultaría paradójico que no se contrataran médicos para sanear las "listas de espera", una de las causas del malestar social, y contratar seguridad privada para asegurar el trabajo de los pocos profesionales de la salud, que aún quedan.

Sería ya lo último, que a una sociedad más o menos formada le gustaría ver. Si las consultas se realizan con un grado de tensión y temor por parte del profesional producido por la actitud violenta de algunos usuarios, llegados a este punto deberíamos reflexionar ¿qué tipo de atención sanitaria queremos? Y a renglón seguido debemos preguntarnos, ¿qué están haciendo los políticos con la salud de los ciudadanos, qué están haciendo con todos los derechos de los ciudadanos?

Sin entrar a valorar las razones concretas de este suceso por creer, en todo caso, que no son justificables, sí debemos analizar el entorno laboral en el que han sucedido los hechos. Porque parte de esa responsabilidad, la de poner en situación tan al límite a profesionales y usuarios, sí es objetivable, y lo es en la figura del consejero de Sanidad y, sobre todo, en la política de recortes sistemáticos que ha impuesto a la sociedad y sobre sus derechos el Partido Popular.

Políticas de recortes, que considero, por la importancia de los derechos afectados, de "cuasi delictivas". Hablo de derechos, ¡sí! porque así están recogidos en nuestra Carta Magna: Conforme a la Constitución Española y al Estado de Bienestar, el Sistema Nacional de Salud, competencia que ha asumido la Junta de Castilla y León, y por tanto garante del mismo, debe tener como objetivo primordial asegurar y posibilitar en materia de sanidad, entre otros asuntos, la calidad y seguridad de sus prestaciones. El sistema Nacional de Salud es uno de los pilares que sustenta el estado de bienestar, y éste a su vez es una garantía para la democracia.

Los profesionales del sistema sanitario, así como el funcionariado en general que es objeto de agresiones, son otras víctimas más de esa política aplicada por el PP. Estos funcionarios públicos son grandes profesionales y con un acceso a la actividad pública basada en la capacidad, no en el nepotismo, están manteniendo el sistema con mucho esfuerzo y mucho compromiso, más del que deberían exponer o arriesgar, sin poner en peligro su capacidad profesional, su salud y su seguridad física y laboral.

Son profesionales que, sin medios, poco más pueden hacer. Los usuarios debemos ayudarlos facilitando su trabajo y entendiendo las limitaciones funcionales que tienen, que el espacio de trabajo, en este caso hablo del Hospital Clínico, no es el adecuado, no es eficiente y no es tan seguro como desearían disponer, y esa deficiencia es el fruto de los salvajes recortes que han salido de las entrañas del ideario y de la ineptitud política de los gobiernos populares. Debemos responsabilizarlos como los principales culpables de haber situado tan al límite a la Sanidad de Castilla y León.

Pero al mismo tiempo, nosotros, los usuarios, los beneficiados en última instancia de unos servicios públicos y que los exigimos de calidad, debemos ser responsables cuando cumpliendo con nuestro derecho y obligación de elegir a nuestros representantes políticos, lo hagamos con criterio crítico castigando con el no voto la nefasta gestión sanitaria llevada a cabo por el Partido Popular.