La corrupción es uno de los problemas más acuciantes en la actualidad, y es necesario acometerlo con urgencia desde la política. Y no se trata solo de ética o democracia: la corrupción puede costar a las arcas públicas 90.000 millones de euros, según la Comisión Naciónal de Mercado y la Competencia. Por eso, la agrupación ciudadana Ganemos centrará el pleno de mañana en la presentación de dos mociones pensadas específicamente para favorecer la lucha contra la corrupción.

Una de ellas, según declaró su portavoz Virginia Carrera, persigue el compromiso político de la corporación, para que el Ayuntamiento muestre públicamente su reconocimiento a la lucha contra la corrupción y su apoyo expreso a los organismos que la llevan a cabo, apoyo que debe cristalizar en un “aumento significativo del presupuesto en las partidas destinadas terminar con la corrupción”, aseguró.

En esta moción también figura la propuesta de Ganemos de modificar el reglamento de las comisiones informativas, con una ampliación del plazo de sus convocatoria, mayor transparencia y publicidad de los temas tratados, junto con las actas y los órdenes del día. También se persigue “un cambio en las presidencias, que recae actualmente en el alcalde, pero entendemos debe ser designada por la totalidad del pleno de la comisión en cuestión, así como la participación de personas y colectivos con interés en los temas que se traten”, dijo Carrera.

La segunda de las mociones pide la creación de una comisión especial para investigar la gestión de MercaSalamanca y los detalles de la participación en ella de uno de sus consejeros, Pablo González, actualmente en la cárcel e imputado por blanqueo de capitales, malversación y fraude. La portavoz de Ganemos recordó que el 51% de las acciones de MercaSalamanca son del Ayuntamiento y “este proyecto va a costar a la ciudadanía, de aquí a 2025 casi siete millones de euros, que se dice pronto”. Virginia Carrera aseguró que “no es intrascendente, para la corporación, que un señor que está en prisión acusado de este tipo de conductas forme parte del Consejo de Administración, por lo que el Ayuntamiento, que es el principal inversor, debe investigar a fondo el asunto”.

Gabriel Risco, por su parte, avanzó la dirección que tomarán las preguntas que realizarán al equipo de gobierno, también relacionadas con la corrupción: caso Aldehuela, caso Corona Sol o caso Piscinas. También cuestionarán por el sistema de libre designación, la puesta en marcha del registro de proveedores o la entrega de documentación e información solicitada por su grupo municipal.

Risco aseguró que “el modelo del PP, el modelo de chanchullos, de corruptelas, de oscurantismo y despilfarro; el modelo de caos e intereses particulares y clientelismo está acabado, ha tocado a su fin. Queremos enviar un mensaje a nuestra ciudad: es posible otro modelo de gestión pública, transparente y que respete la legalidad, que es garantía de trato igual a la ciudadanía, que cumpla las normas, que no trate mejor a sus amigos”.