La mina de Retortillo se 'cuela' en el Parlamento portugués

La Asamblea de la República portuguesa aprobó este viernes distintas resoluciones presentadas por todos los partidos políticos en el sentido de instar al Gobierno portugués a que tome las medidas necesarias para obligar al Gobierno español a parar los proyectos de explotación de uranio en Salamanca, hasta que sea consultada su población acerca de esa actividad y su repercusión en territorio luso.

Según ha informado la plataforma Stop Uranio, se rechazó una propuesta del Partido Socialista, que gobierna con el apoyo del resto partidos de la izquierda portuguesa, en el sentido de recomendar a su Gobierno que tome las “medidas adecuadas para proteger el territorio nacional, los valores naturales y ambientales potencialmente afectos por esta actividad”. El resto de los partidos políticos votó en contra porque consideran que no hay proteger nada, ya que no van a permitir que se abran las minas de uranio e instalaciones radiactivas que puedan afectarles.

En este sentido cobra especial importancia la reunión programada por los ministros de Medio Ambiente de ambos países, Joao Pedro Matos e Isabel García Tejerina, para tratar el tema de la explotación de uranio en Salamanca. El Parlamento portugués insiste en exigir a España el cumplimiento de los compromisos contraídos entre los dos estados mediante el Protocolo firmado en 2008 de evaluación de impacto ambiental de proyectos con efectos transfronterizos.

Además del Protocolo de 2008, existe el Convenio de Espoo que obliga a evaluaciones conjuntas de actividades que pueden suponer riesgo ambiental para dos países que comparten frontera, o el artículo 37 del Tratado de Euratom que versa sobre el tratamiento de residuos radiactivos en territorios fronterizos, según indica Stop Uranio.

Para la plataforma, “no le queda otra salida al Gobierno español que mantener la suspensión indefinida de la planta de tratamiento de uranio de Retortillo hasta que, además de pronunciarse el Consejo de Seguridad Nuclear, la población u organizaciones portuguesas puedan alegar sobre cómo les afecta a ellos esa instalación radiactiva”.