El Corte Inglés no podrá seguir reclamando, al menos por la vía administrativa, al Ayuntamiento de Salamanca los casi 157 millones de euros que exigía en caso de que el centro comercial tuviera que cerrar en la ciudad. El caso está rodeado de sentencias que determinan que la construcción es ilegal (al menos seis), motivo por el cual la empresa interpuso ante el Consistorio una reclamación de responsabilidad patrimonial el 11 de enero de 2017 que ahora el Consejo Consultivo de Castilla y León desestima con fecha del 21 de marzo de 2018. Si quiere insistir en su reclamación, la empresa tendrá que pasar a la vía judicial.

Desde que la firma comercial presentó su reclamación, el equipo de Gobierno del Partido Popular ha utilizado esta posición de El Corte Inglés para “urdir una estrategia que le permitiera sacar adelante su propia modificación del PGOU” (Plan General de Ordenación Urbana) y tratar de “hacer legal lo que a día de hoy sigue sin serlo”. Así lo explica el concejal de Ganemos Salamanca Gabriel Risco, quien insiste en que el PP conocía desde el principio que la reclamación era infundada desde el punto de vista legal y que, por tanto nunca saldría adelante. Ganemos ya propuso “rechazarla de plano desde el principio” al tener la certeza de que carecía de viabilidad (ahora, casi un año y medio después el Consejo Consultivo la desestima).

157 millones: una amenaza infundada desde el principio

“Sin embargo –continúa el edil- , el PP ha querido mantener esa espada de Damocles, esos 157 millones en forma de amenaza, como un chantaje hacia la ciudad y los grupos políticos”, lo que hizo que, en el Pleno del 9 de febrero de 2018, se aprobara la modificación del PGOU propuesta por el PP y votada en contra únicamente por Ganemos. “La estratagema dio sus frutos y, finalmente, PSOE y Ciudadanos se echaron atrás en su acuerdo previo, en el que también estaba Ganemos, de devolver a Salamanca lo usurpado por la empresa privada: 20.000 metros cuadrados construidos de forma ilegal”.

El PP demoró el proceso de forma deliberada

Asimismo, los trámites para gestionar la reclamación de El Corte Inglés han sido “demorados a propósito” por el PP durante este tiempo, según denuncia la formación granate. Es más, hizo llegar la misma al Consejo Consultivo 14 meses después de haberla recibido (el 9 de marzo de 2018), es decir, después incluso de haber aprobado su modificación del PGOU.

Como ejemplo de este retraso deliberado, el dictamen del Consejo Consultivo recoge que se solicitaron en el Ayuntamiento, mediante escritos al área de Urbanismo, informes el 6 de febrero que, al no ser facilitados, volvieron a pedirse el 18 de mayo y de nuevo el 1 de junio de 2017. El documento refleja, además, que ya el 12 de julio del año pasado “el Secretario General del Ayuntamiento emite un informe que concluye que la reclamación debe desestimarse al no haberse producido los daños y perjuicios reclamados” por El Corte Inglés de Salamanca.