El Partido Socialista de Salamanca ha puesto ejemplos a las consecuencias que la escasez de médicos en los pueblos está provocando sobre la asistencia sanitaria. Un problema que, a juicio de Ana Muñoz de la Peña, procuradora en las Cortes de Castilla y León, trasciende la falta de presupuesto y los errores en la gestión. “El Partido Popular no cree en un sistema sanitario público, universal y gratuito, por eso lleva a cabo políticas para desmantelarlo y priorizar la sanidad privada. Por allí por donde pasa el consejero de Sanidad lo convierte todo en caos”.

La alcaldesa de Mogarraz, la socialista Concha Hernández, ha detallado cómo “en la Sierra de Francia si te pones enfermo es mejor no parar en el centro de salud de La Alberca porque te puedes encontrar con un letrero que dice que los médicos están a una urgencia, así que sigues hasta Salamanca si dispones de un coche o llamas al 112”. “Toda esta situación además está saturando las urgencias”, añade Ana Muñoz de la Peña.

“En el mejor de los casos el médico va una vez por semana, en el mejor de los casos, hay pueblos que llevan veinte días sin ver uno”, continúa el diputado provincial del PSOE Antonio Luengo. A lo que se suma que los consultorios médicos no están informatizados, con lo que se dificulta la labor sanitaria de médicos que están trabajando el doscientos y el trescientos por ciento.

Unos problemas que no sólo se acrecientan en verano, cuando más gente hay en los pueblos por las fiestas y las vacaciones de los emigrados, pues también en invierno estos pueblos tienen habitantes muy mayores con problemas de desplazamiento. “Como tenemos las mismas obligaciones como ciudadanos, también debemos tener los mismos derechos a una atención sanitaria digna”, añadió Concha Hernández.

Y es que los ayuntamientos tienen que costear el mantenimiento de los consultorios médicos locales. En Mogarraz, por ejemplo, pagan doscientos euros al mes de luz y carecían de un desfibrilador que hubiera podido salvar a una persona que sufrió recientemente un infarto. Desfibrilador que ha sido comprado por el Ayuntamiento. “¿Tanto le cuesta a la Consejería de Sanidad dotar de desfibriladores a los consultorios? Supone apenas 1.200 euros por unidad”, apostilla la secretaria ejecutiva de Sanidad de los socialistas salmantinos, María García.

“Esto ya lo advertíamos, que podía pasar, pero no es un problema del verano. A la Junta se le llena la boca de planes contra la despoblación para hacerse la foto, pero después todo queda en palabras”, denuncia María García. Y pone también como ejemplo el transporte sanitario nocturno, sólo con dos ambulancias. “Si una se va a Béjar y otra a Vitigudino, el resto de la provincia debe esperar más de cuatro y cinco horas para un traslado. Y la UVI de Salamanca cubre hasta Alba de Tormes, por lo que si sale a una urgencia no puede atenderse otra. Es una situación insostenible”.

Izquierda Unida exige que retire la “consulta no presencial” de forma inmediata

Por su parte, Izquierda Unida (IU) de Salamanca denuncia que el proyecto de 'Consulta no Presencial a Demanda' que recientemente ha implantado la Consejería de Sanidad en centros de salud de Atención Primaria "es una auténtica aberración y un sinsentido, que no busca sino escurrir el bulto de sus obligaciones, consistentes en ofrecer una atención sanitaria primaria digna y suficiente a la población”.

Para IU, este proyecto de consulta no presencial que la Consejería pretende implantar y extender progresivamente "no es una solución de atención sanitaria, sino más bien un una forma de evitar la contratación, necesaria y suficiente de personal sanitario de Atención Primaria, esto es, médicos y enfermeros suficientes, para atender las necesidades de nuestra población en barrios y sobretodo zonas rurales. Precisamente esa población rural que tanto dicen defender y atender, pero que con los recortes y merma de servicios, o prestándolos en diferido lo que consiguen es propiciar, aún más, la despoblación”, argumentan.

Para IU, la atención sanitaria directa y presencial, vía consulta entre médicos y pacientes es la que mejor establece los criterios y evaluaciones médicas de la población. “No es de recibo que en algo con tantas aristas sociales y psicológicas como la Salud se eliminen los elementos humanos y de confianza entre médico y paciente. Las pruebas, valoraciones y diagnósticos no se hacen en diferido, sino de forma física”, insiste el coordinador local, Javier Herrero. Y añade que el problema se acrecentará, pues hay un 30% de los actuales profesionales de la Atención Primaria que se jubilarán en los próximos cinco años.