Los funcionarios de prisiones reclaman al Gobierno cumplir sus compromisos

Este lunes 24 de septiembre se ha celebrado el Día de la Merced, la festividad de Instituciones Penitenciarias, con visita de la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Encarnación Pérez, a la cárcel de Topas. Allí, ha entregado condecoraciones a empleados y recordado que esta prisión ha visto reducido su número de internos a la tercera parte durante la última década, de unos dos mil a poco más de setecientos. Los trabajadores, al mismo tiempo, han reclamado al Gobierno que cumpla sus compromisos.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, denuncia "la deficiente gestión y la pasividad de los responsables de Instituciones Penitenciarias, así como a su inactividad frente al aumento de las agresiones a los funcionarios de prisiones, la insuficiente oferta de empleo público para 2018 y la ralentización de las mesas de negociación de carácter retributivo".

Para el sindicato, "ha llegado el momento de que Grande-Marlaska se comprometa de una manera real y que pase de las palabras a los hechos, ya que aún no ha dado un paso al frente para mejorar las condiciones laborales del colectivo. Denunciamos, asimismo, la pérdida de tiempo en rodeos o dilaciones que están retrasando cualquier avance en la mejora de las condiciones retributivas de los profesionales penitenciarios".

CSIF reclama que se refuercen las medidas de seguridad y que se agilice el desarrollo de la figura de agente de autoridad para los funcionarios de prisiones, actualmente en tramitación parlamentaria, para que cuenten con el reconocimiento de Agentes de la Autoridad, de manera similar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además, otras exigencias fundamentales del sindicato son resolver el conflicto salarial en el colectivo de prisiones y avanzar hacia la equiparación con el personal de Cataluña, y una negociación real sobre mejoras retributivas que entre en vigor en 2018 y con efectos retroactivos y un acuerdo salarial para el próximo año que no dependa de la aprobación de los Presupuestos Generales de 2019, vía Real Decreto o a través fondos adicionales. También la insuficiente oferta de empleo público para 2018 en el ámbito de prisiones y el desarrollo de las Mesas de Negociación de carácter retributivo de cara a los presupuestos de 2019.