Paralización total de la Justicia por primera vez en veinte años

Los funcionarios de Justicia de Salamanca están llamados este viernes 16 de noviembre, por primera vez en veinte años, a una huelga general de todos los trabajadores, tanto empleados de los cuerpos generales como gestores, tramitadores de auxilio y cuerpos especiales.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y primera fuerza sindical en la Administración de Justicia, considera que la gota que ha colmado el vaso es la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ultima el Senado y que abre la puerta a la movilización forzosa y discrecional del personal. Así, entre otras cosas permitirá a la Administración determinar, sin el consenso de los trabajadores, su puesto de trabajo en cada momento, además de destruir empleo por los límites que se establece para el nombramiento de personal de refuerzo e interinos.

La reunión con el Ministerio de Justicia ha concluida sin acuerdo respecto a los servicios mínimos. En este sentido, CSIF propone la cobertura el día de la huelga en los juzgados, fiscalías, así como en los juzgados exclusivos de violencia contra la mujer que presten servicio de guardia. Coincidiendo con el día de la huelga, habrá en Madrid una gran manifestación en la que participarán trabajadores de toda España.

Por su parte, Comisiones Obreras (CCOO) rechaza la insuficiente oferta del Ministerio de Justicia para desconvocar la huelga del 16 de noviembre. “Las presiones realizadas por el personal de Justicia en las concentraciones ante los centros de trabajo que se vienen realizando desde el pasado día 6, y con la convocatoria de la huelga del 16 de noviembre, han obligado al Ministerio de Justicia a mover ficha”, afirma.

Pero para CCOO, la representación del Ministerio además ha desoído el resto de exigencias sindicales que motivan la huelga convocada, como son que se eliminen también las enmiendas de la LOPJ aprobadas en el Congreso relativas a la imposibilidad de nombrar personal de refuerzo de los cuerpos generales cuando se nombren jueces o juezas de refuerzo, el establecimiento de nombrar personal interino solo cuando la ausencia justificada sea de personal titular y no si es de personal interino, o el cese obligado del personal interino de refuerzo a los seis meses de ser nombrado.

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha tildado la proposición de ley de reforma de la LOPJ como “la mayor agresión a los derechos laborales a todo el personal de la Administración de Justicia” que se han producido en la historia”, ya que en virtud de esta reforma se unifican en uno solo los centros de destino de cada municipio y se aprueba la movilidad forzosa a cualquier puesto de trabajo de la misma localidad, a criterio del gestor correspondiente (art. 521).

Pero además, se prohíbe el incremento de plantilla y la asignación de más medios materiales, cuando se designen jueces de refuerzo (art. 347 bis); en caso de ausencia que no suponga vacante, su sustitución transitoria sólo se producirá si se trata de ausencia de personal titular, pero no si la ausencia es de personal interino (Art. 489) y, por último, el personal interino de refuerzo será cesado en el plazo máximo de 6 meses (art. 489).

Finalmente, para el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), “la presión y la movilización del personal de justicia han obligado a reaccionar de forma muy tibia al Ministerio de Justicia pero hay que seguir adelante con la convocatoria de huelga general y las medidas movilizadoras necesarias para que finalmente todos los grupos políticos apoyen nuestras justas reivindicaciones en defensa de las condiciones de trabajo y del empleo público en la Administración de Justicia y contra la movilidad forzosa y arbitraria y la reducción de empleo”.