Empresarios y sindicatos de Salamanca piden a la Junta que abra "de forma urgente" el Servicio de Relaciones Laborales

Representantes de CEOE-Cepyme Empresas de Salamanca y de los sindicatos CC.OO. y UGT han presentado este lunes en la sede de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León una "queja formal" en la que muestran su malestar por no contar ya en la provincia con una oficina del Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA) y en la que piden que se abra "de forma urgente".

Antes de la presentación del escrito y de mantener una reunión con el delegado de la Junta, Eloy Ruiz, los asistentes del empresariado y de los sindicatos han atendido a la prensa para explicar los motivos de esta acción.

Al respecto, el presidente de CEOE-Cepyme Empresas de Salamanca, Juan Manuel Gómez, ha apuntado que hay "un acuerdo firmado" en enero de 2019 con la Junta para su puesta en práctica, un pacto sobre el que ha pedido que "se cumpla" para no generar "un problema donde no lo hay".

Sobre este servicio, ha apuntado que en Valladolid está "funcionando desde hace dos años", el cual está "dando buenos resultados". Por ello ha pedido que se abra en Salamanca, además de insistir en que así ha de ser por la Junta para "respetar lo firmado".

El secretario provincial de Comisiones Obreras en Salamanca, Emilio Pérez, ha recordado ese acuerdo y, también, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de junio de 2020, que pide, sobre este pacto, que "se cumplan los acuerdos de manera inmediata".

Por ello, Emilio Pérez ha criticado a la Junta y ha acusado al vicepresidente de la administración regional, de querer "dilatar todo lo posible" su puesta en servicio, además de lamentar que no esté dotado financieramente para efectuar su labor.

En la misma línea, en representación de UGT ha intervenido Marcelino Muñoz, quien ha insistido en la importancia del servicio como "mecanismo de solución de conflictos tanto individuales como de reclamación de cantidades".

Finalmente, el representante empresarial y los dos sindicales han apuntado que su puesta en práctica permitiría también agilizar posibles disputas entre trabajadores y empresas y evitar que cualquiera de las dos partes vaya a juicio con acuerdos previos. "Es una cosa ágil y que está demostrado que funciona", han concluido.