El controvertido informe pericial elaborado por el equipo de investigadores de la Universidad de Salamanca, encabezado por el catedrático Juan Manuel Corchado, sobre las polémicas elecciones celebradas en octubre de 2019 en Bolivia, que fueron anuladas por la Organización de Estados Americanos (OEA) por fraude electoral y que desembocaron en el exilio del entonces presidente Evo Morales, sigue generando nuevos posicionamientos y reacciones.
Las repercusiones de este informe no cesan. Primero dieron pie a una trifulca política en la sociedad boliviana y ahora ha sido el propio Gobierno de España el que se ha visto obligado a dar explicaciones sobre el mismo. El pasado mes de julio los diputados del Partido Popular, Valentina Martínez, Pablo Hispán y Belén Hoyo, formularon una pregunta al Ejecutivo de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, en la que interpelaban al Gobierno sobre el informe confeccionado por el grupo de investigación Deep Tech Lab de Bisite, dirigido por el catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Juan Manuel Corchado, e integrado por los investigadores Pablo Plaza y Manuel López. Los parlamentarios populares dirigieron su pregunta al Ministerio de Universidades con el fin de saber "si tenía el Gobierno conocimiento de la elaboración de un informe pericial por parte de expertos españoles de la Universidad de Salamanca sobre el posible fraude electoral en las elecciones presidenciales de Bolivia en 2019". En el texto de la pregunta los parlamentarios del PP también ponían de relieve que el informe pericial del equipo de Corchado se contradice frontalmente con la auditoría que realizó la OEA, que sí detectó una evidente manipulación electoral de los comicios. Además, pedían explicaciones al Gobierno sobre si este informe pericial puede afectar a las relaciones bilaterales con Bolivia y si el Gobierno español avalaba las conclusiones del mismo.
La respuesta del Gobierno ya es oficial y se fechó el pasado 20 de septiembre en el Congreso de los Diputados. Se reduce a apenas dos párrafos y en ella el Ejecutivo de Pedro Sánchez indica que "el informe al que se refiere la pregunta fue elaborado por la Universidad de Salamanca de manera independiente y se limitó a realizar una evaluación de los sistemas informáticos utilizados en el proceso electoral de 2019, sin entrar en otros aspectos que analizó el informe de la OEA”. Además, el Ejecutivo puntualiza en su contestación parlamentaria que "en cuento a las relaciones bilaterales, el Gobierno celebra la completa normalización tras los sucesos de diciembre de 2019".
Bronca política en Bolivia
El informe del equipo de Corchado, que fue encargado por la Fiscalía General del Estado de Bolivia, llegó a la conclusión de que sí hubo irregularidades y anomalías en los comicios de 2019, pero que en ningún caso se puede hablar de fraude electoral o pucherazo y que dichos fallos no influyeron en el resultado final de las votaciones.
El actual Gobierno boliviano, encabezado por el presidente Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), -la fuerza política que ha liderado Evo Morales- mostró su apoyo sin fisuras al informe, discrepando totalmente de las críticas y las objeciones de la OEA. que sí descubrió numerosas deficiencias y falta de rigor científico en el mismo y que reiteró que sí se cometió un pucherazo electoral en los comicios. Frente a las tesis esgrimidas en el informe del equipo de Corchado, la OEA señaló en agosto que "ninguna de las acciones e intenciones humanas detrás de estas irregularidades es aceptable y ninguna democracia aceptaría un proceso electoral como éste". La OEA aseveró, en respuesta al informe de Corchado, que "nunca se va a poder tener confianza" en los comicios de octubre de 2019 por "la manipulación, la cantidad de irregularidades y por la destrucción de evidencias informáticas y materiales". La OEA fue más allá al argumentar que de todos los comicios que ha vigilado y ha realizado un seguimiento, las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia son probablemente "las peores de todas", de manera que "constituye una vergüenza hemisférica por el cúmulo de irregularidades y por la manipulación flagrante del proceso electoral", enfatizando también que "intentar validar este conjunto de irregularidades y manipulaciones, a través de estudios extemporáneos, constituye una grave afrenta a la democracia en el hemisferio".
Por su parte, la oposición boliviana, concretamente la alianza Comunidad Ciudadana (CC), ha solicitado a la Universidad de Salamanca el estudio completo del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite sobre las elecciones anuladas de octubre de 2019.La reacción de la oposicion se produjo después de que el pasado 27 de julio el fiscal general del Estado de Bolivia, Juan Lanchipa, diera por buenas las conclusiones del informe pericipal del equipo de Corchado. Por su parte, el líder de CC, Carlos Mesa, tildó el informe de "extemporáneo" y "no creíble". Mesa fue candidato a la presidencia de Bolivia en las elecciones de 2020 por CC, comicios en los que se impuso el actual presidente y dirigente del MAS, Luis Arce, correligionario político de Evo Morales.