Funcionarios de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de la Policía Nacional de Salamanca han detenido a cuatro personas de nacionalidad española por falsedad documental y fraudes a las Administraciones Públicas, relacionados con operaciones anteriores ABG y JUNTAY, donde ya se detuvo a los principales falsificadores.
Con idéntico modus operandi, los ahora detenidos utilizaban documentos falsificados que posteriormente presentaban en distintas administraciones locales, regionales y nacionales, incluso logrando la expedición del DNI con datos falsos, soportes que ya han sido retirados y destruidos.
Por el momento se han detecto falsedades en distintas Administraciones Públicas, por lo que obtenían beneficios de subvenciones tales como Renta Garantizada Ciudadana, ayudas al alquiler e ingreso mínimo vital, continuándose la investigación para la localización de otras posibles subvenciones o becas fraudulentas.
Los cuatro detenidos residen desde hace cinco años en un inmueble usurpado en Salamanca sito en la Carretera de Aldealengua. Pese a no haber pagado nunca el importe del arrendamiento, el año pasado realizaron tres solicitudes de ayudas al alquiler:
Uno de los detenidos presentó un contrato de arrendamiento falso de esta vivienda a su nombre. Otro de ellos, en distinto domicilio en el barrio de Tejares de Salamanca, hizo lo propio con otro contrato de arrendamiento falso y, finalmente, los dos últimos implicados presentaron una tercera solicitud presentando un contrato en el que falsificaron la firma de la propietaria de una vivienda de la localidad de Cabrerizos (Salamanca).
El Servicio Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y León, al detectar irregularidades, ya había resuelto dichos expedientes desfavorablemente.
Se ha instado a las distintas Administraciones para que se tomen medidas cautelares de cese de las subvenciones fraudulentas y anulación de los empadronamientos hasta que finalice la investigación, que continúa abierta.
Las diligencias instruidas por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Salamanca.