La Junta de Castilla y León, en su interés por incrementar el parque público de alquiler social de la Comunidad y fijar población en el medio rural, mantiene el programa Rehabitare, que consiste en la recuperación de inmuebles en desuso que sean de titularidad municipal. Su finalidad prioritaria es atender las necesidades de vivienda de colectivos de especial protección, particularmente de los jóvenes.

La directora general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, María Pardo y el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, Eloy Ruiz, han presentado esta mañana en Aldeanueva de Figueroa seis convenios con los ayuntamientos de San Esteban de la Sierra, El Cabaco, Cristóbal, Buenamadre, Gallegos de Argañan y La Atalaya que permitirán recuperar otras tantas viviendas de propiedad municipal y destinarlas al alquiler social de manera que se consigue restaurar inmuebles valiosos patrimonialmente, revitalizar los espacios tradicionales del entramado urbano municipal y, sobre todo, atraer nuevos habitantes a los pueblos con la puesta a disposición de las viviendas rehabilitadas, en régimen de alquiler social, en favor de colectivos de especial protección.

Además, también se configura como un instrumento de reactivación económica y de creación de empleo en medio rural, gracias a la implicación de las empresas locales en las obras de rehabilitación que se acometan a su amparo.

La mecánica de la actuación administrativa que se desarrolla en la ejecución de este programa es sencilla: tras la cesión por parte de cada ayuntamiento a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente del inmueble en desuso, la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo contrata las obras de rehabilitación necesarias para, una vez finalizadas, proceder a su devolución al Ayuntamiento que lo ofrecerá en régimen de alquiler social a familias u otros colectivos de especial protección.

Este programa se ejecuta en municipios de menos de 5.000 habitantes y el coste de rehabilitación de cada casa es de un máximo de 40.000 euros más IVA.

La directora general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo ha felicitado a los “alcaldes y representantes de los seis municipios que hoy se incorporan al programa Rehabitare” y les ha “agradecido, en nombre de la Junta como responsable de las políticas de vivienda, su compromiso para incrementar el parque público y dar la oportunidad a una familia de tener su casa y construir su vida en cada uno de estos seis municipios de Salamanca”.

El éxito del programa ha hecho que el presidente de la Junta y los presidentes de las nueve Diputaciones Provinciales firmaran el verano pasado un protocolo para aumentar la oferta de alquiler social en el medio rural, con especial atención a los jóvenes, protocolo que posteriormente se ratificó con la firma de convenios específicos con las respectivas diputaciones.

Los datos del programa Rehabitare en Castilla y León reflejan hasta este año 2021 un total de 352 viviendas rehabilitadas y una inversión por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en obras de rehabilitación de 16,2 millones de euros, que en los próximos dos años, hasta 2023, llegarán a los 23,5 millones de euros inversión y un total 500 viviendas rehabilitadas por la Junta a disposición de otras tantas familias en régimen de alquiler social, aportadas por ayuntamientos, obispados y con la colaboración de las nueve diputaciones.

La directora general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, María Pardo y el delegado territorial, Eloy Ruiz, junto a la alcaldesa de Aldeanueva de Figueroa, Candelas González, ha visitado la vivienda rehabilitada a través de este programa, en la que se ha invertido un total de 48.279 euros. La casa tiene salón, cocina independiente, baño y tres dormitorios, con acceso a un patio interior.

Inversión

En la provincia de Salamanca, desde 2016, a través del programa Rehabitare, se han realizado 46 viviendas, aportadas por los ayuntamientos, los obispados y la institución provincial, con una inversión total 1.903.498 euros.

El pasado mes de diciembre se firmó el convenio entre el consejero de Fomento y Medio Ambiente y el presidente de la Diputación de Salamanca para reforzar este programa Rehabitare en la provincia y ampliar la oferta de alquiler social de viviendas en el medio rural. El convenio contempla la rehabilitación de 16 viviendas y la aportación conjunta de 832.000 euros a partir iguales entre ambas administraciones (416.000 euros cada institución).

Según el convenio mencionado antes, los municipios beneficiarios del programa Rehabitare deberán tener una población inferior a los 5.000 habitantes y justificar la existencia de demanda de viviendas en alquiler a través del registro público de demandantes de viviendas de protección pública de Castilla y León. La Diputación de León prestará el apoyo y la coordinación necesaria para llevar a cabo las actuaciones y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente será la responsable de contratar las obras de rehabilitación.

Por su parte, y a mayores de este convenio con la Diputación de Salamanca, la Junta de Castilla y León ha comprometido hasta 2023 una inversión propia de 870.000 euros más para rehabilitar otras 18 viviendas en la provincia salmantina. De este modo, la nueva inversión total prevista hasta 2023 será de 1,7 millones de euros para rehabilitar un total de 34 viviendas.

Desde que se inició el programa Rehabitare en la provincia de Salamanca, y hasta 2023, se habrá rehabilitado un total de 64 viviendas en alquiler social, con una inversión en obras de rehabilitación de más casi 3 millones de euros (2.948.698 euros).

Economía circular

El objetivo de ‘Rehabitare’ es la recuperación de aquellas viviendas de titularidad municipal que se encuentran abandonadas y cuya rehabilitación es interesante para el medio rural. Los inmuebles se ubican por lo general en los cascos urbanos, lo que permite contar con todo tipo de servicios, optimizando así las infraestructuras existentes y evitando el deterioro de un patrimonio municipal, a la vez que contribuye a la lucha contra la despoblación, a facilitar el acceso a la vivienda de quienes menos tienen, y fomenta la obra pública y el empleo en el medio rural.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente firma convenios con la propiedad –inicialmente fueron los ayuntamientos y posteriormente se sumaron también los obispados- que permiten a la Junta rehabilitar los inmuebles para destinarlos al alquiler social e integrarse en el parque público de viviendas de la Comunidad de Castilla y León.

Posteriormente son los ayuntamientos quienes determinan el precio del alquiler, que no podrá exceder la tercera parte de los ingresos de la unidad arrendataria, ni el límite de 2 euros el metro cuadrado, así como las personas que ocuparán las viviendas en función de las necesidades de cada municipio, teniendo preferencia los colectivos de especial protección que figuran en la ley del derecho a la vivienda de Castilla y León, con prioridad a los jóvenes para promover su emancipación, a las víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual y a las personas sin hogar.

El programa Rehabitare forma parte del Programa de Vivienda Social en Castilla y León, cuyas líneas maestras son fruto del Diálogo Social y cuya finalidad última es el fomento del alquiler para las familias y personas más necesitadas y contribuir a fijar población en el medio rural.