J.M.A. / ICAL. Trabajadores de Servicios Sociales denunciaron este jueves “el abandono” de la Junta de Castilla y León que, según reclamaron, permite a la Gerencia maltratar los derechos laborales en de los centros asistenciales propios. Así lo expuso hoy José Antonio Casado, presidente del comité de empresa, durante la concentración celebrada a las puertas de la institución en plena Gran Vía de Salamanca.
“Es la Junta de Castilla y León, con su inacción y su silencio, la que alimenta el deterioro de las condiciones laborales y asistenciales en los centros”, reclamó Casado, quien acusó al ente autonómico de no ser capaz de enderezar el rumbo de la gestión que aplica la Gerencia. “Está acarreando un serio problema en la asistencia a las personas vulnerables de los centros asistenciales que ven cómo cada día hay menos personal en plantilla para prestar la atención”, manifestó.
El Comité de Empresa denunció en palabras de su presidente que “se está institucionalizando el maltrato laboral a las trabajadores”, ya que, por la” grave falta de personal”, y derivado del “caos organizativo” que impera, no se les respetan los días de descanso y les obligan a acudir a trabajar “sin ningún tipo de compensación”, con unas plantillas ajustadas “a la baja” para el tipo de necesidades que actualmente tienen las personas usuarias.
Además, el presidente del comité de empresa, adscrito a Comisiones Obreras, aseguró que la Gerencia de Servicios Sociales está siguiendo una “intolerable estrategia de desprestigio de lo público”, en su opinión, como “paso previo para justificar el paulatino desmantelamiento de un servicio público esencial”.
Así, el comité de empresa está estudiando emprender nuevas actuaciones con el objetivo de seguir visibilizando el “grave problema” que afecta no solo a las condiciones de trabajo si no a la calidad del servicio que reciben las personas usuarias de los servicios sociales. “No cejaremos en nuestra defensa de la dignidad de los servicios sociales públicos y de su calidad y seguirnos exigiendo respeto para todos los trabajadores y también para las personas discapacitadas, las personas mayores y las menores, que residen o son atendidas en los centros y que son las más vulnerables”, concluyó.