Otro asunto más para la gresca entre la oposición del Grupo Socialista y el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Salamanca. En esta ocasión es la denuncia hecha por el PSOE, que tilda de "ilegalidad" la construcción del parque de maquinaria, mientras los populares aseguran que fue con la aprobación de la Confederación Hidrográfica del Duero.
El caso es, según los socialistas, que esta construcción puede suponer un coste de 2 millones de euros a los salmantinos. Por ese motivo, en el próximo Pleno exigirán explicaciones al Gobierno municipal y pedirán que no retrase más el cumplimiento de las decisiones judiciales.
Así mismo, consideran "lamentable e inadmisible" que, una vez más, la ciudadanía de Salamanca "tenga que pagar con dinero de su bolsillo la negligente gestión del PP". Una actuación que fue llevaba a cabo por el anterior alcalde de la capital salmantina y actual presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, así como a la inacción del equipo de Gobierno de García Carbayo a la hora de cumplir la ley.
El pasado mes de febrero, el Tribunal Supremo ratificó la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de declarar ilegal esta instalación, al rechazar el recurso con el que el Consistorio salmantino pretendía evitar el derribo del parque situado en el barrio de Huerta Otea. Tras la resolución del Alto Tribunal, los socialistas exigen al Gobierno del PP que deje de demorar el cumplimiento de los pronunciamientos judiciales e informe de manera clara y concisa sobre las medidas que deberá ejecutar con fondos procedentes de las arcas municipales.
Autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero
El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Salamanca aclara al PSOE de Salamanca, "empeñado en tergiversar la realidad de la ciudad", que la construcción del Parque de Maquinaria en Huerta Otea se llevó a cabo con "la autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), dependiente del Gobierno de España, por lo que se ejecutó con la convicción municipal de encontrarse dentro de la legalidad".
De hecho, la situación actual es consecuencia de la anulación judicial de la autorización de la CHD, por lo que desde el Ayuntamiento "se articulará la correspondiente reclamación por daños y perjuicios" al organismo de cuenca que forma parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.