El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca plantea implantar como buena práctica de transparencia y buen gobierno de los órganos de contratación municipales y organismos dependientes la realización de un informe interno cuatrimestral en el que se fiscalice la correcta ejecución y el cumplimiento de los contratos administrativos. Su portavoz José Luis Mateos y la concejala María Sánchez han detallado en rueda de prensa esta propuesta, que el PSOE llevará al Pleno de este viernes, 8 de abril, en forma de moción.
Como han recordado, en el año 2017 se produjo una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para establecer un nuevo modelo que “hace hincapié en los mecanismos de control que deben garantizar la adecuada ejecución de los contratos”. Así, la ley establece una triple garantía: la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria, el responsable de contrato y, por último, el órgano de contratación, quien asume las máximas responsabilidades, “que no finalizan con la redacción de los pliegos de condiciones y la adjudicación, sino que es fundamental que después se realice una estricta supervisión y vigilancia del cumplimiento de los pliegos y las cláusulas establecidas”, ha remarcado la concejala socialista.
Por otra parte, según la legislación vigente, la actividad contractual de la Administración debe estar guiada por los principios de objetividad, transparencia, publicidad y no discriminación. En este sentido, “el Ayuntamiento de Salamanca debe velar por la satisfacción del interés general durante la ejecución de los contratos”. De lo contrario, “esa falta de seguimiento puede derivar en retrasos reiterados en la prestación del servicio, vicios o defectos graves en el mantenimiento o incumplimientos en materia medioambiental, social y laboral”.
Opacidad y falta de vigilancia
En la actualidad, más del 30 % del presupuesto del Consistorio salmantino se destina a contratos de prestación de servicios, habitualmente con una larga duración y un importe notable, “como es el caso del contrato de limpieza de recogida de residuos, que supera los 20 millones de euros”. En la legislatura anterior, “existía un procedimiento de seguimiento de contratos que se dejó de hacer porque así lo decidieron PP y Ciudadanos y la realidad es que, hoy, no se puede saber a ciencia cierta qué se está cumpliendo y qué no en estos contratos formalizados con dinero público”, ha señalado José Luis Mateos.
Ante esta falta de control, los socialistas han registrado numerosas peticiones de información que el Gobierno municipal aún no ha contestado, entre otras, “cuestiones solicitadas hace más de un año”, que deberían responder, según el Reglamento de Funcionamiento del Consistorio, en el plazo de un mes. Además, recientemente han pedido conocer las demandas realizadas por trabajadores de empresas concesionarias y copias de actas de la inspección de trabajo desde 2019 “para asegurar que se están cumpliendo las condiciones laborales en los diferentes contratos sufragados con dinero de todos los salmantinos” y la respuesta facilitada ha sido que “el Ayuntamiento de Salamanca no tiene constancia de este tipo de documentación”.
Igualmente, el equipo de gobierno de García Carbayo sigue sin responder a los posibles incumplimientos del contrato de Parques y Jardines comunicados por el Grupo Socialista el pasado mes de febrero y se escuda en asegurar que “el Gobierno municipal realiza un proceso de control de forma periódica en cualquiera de los servicios municipales”. Ante esta afirmación, el portavoz socialista pidió comprobar los informes y la documentación relativa al cumplimiento de contratos del Ayuntamiento y entes dependientes y, tres días después, “la respuesta fue que no nos podían dar esa información porque no existía”.
El PSOE ha constatado, por tanto, que actualmente no existe un seguimiento y control de los contratos municipales, una cuestión que en la anterior legislatura tampoco funcionaba de manera eficaz ya que, por ejemplo, fueron los propios socialistas quienes trasladaron incumplimientos como el que se produjo en el contrato sobre mobiliario urbano. Tras veinte años de prestación, ha explicado Mateos, “detectamos que la luz de las marquesinas, que debía pagar la empresa, estaba conectada a la red general que pagaba el Ayuntamiento, un aviso que revirtió de manera positiva en las arcas municipales, ya que la concesionaria tuvo entonces que pagar 300.000 euros por este hecho”.
Por todo lo anterior, el Grupo Socialista exige un sistema eficaz y transparente de control de los contratos que permita conocer la realidad de la prestación de los servicios públicos, una propuesta rigurosa que consideran imprescindible en la gestión del día a día de la ciudad, por lo que debe ponerse en marcha “de manera inmediata y sin excusas”. De esta manera, cada cuatro meses el órgano de contratación, en colaboración con la unidad de seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, así como con el responsable de su control, daría cuenta en la Comisión Informativa de Bienes y Contratación de los informes elaborados con el objetivo de analizar el desarrollo contractual y garantizar el buen funcionamiento de los servicios municipales.