El Ayuntamiento de Salamanca solicita al Gobierno de España que apruebe un nuevo fondo extraordinario para compensar el incremento del déficit de explotación de los servicios de transporte urbano que las administraciones locales han seguido padeciendo a causa de la pandemia de la Covid-19, y que se está viendo agravado por la subida de los precios de los combustibles. Por este motivo, reclama que modifique el Real Decreto ley 6/2022 para dar cabida al transporte urbano en las ayudas al sector del transporte allí contempladas.
El concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, explicó que como consecuencia de la crisis sanitaria, el transporte público urbano ha sufrido importantes caídas en el número de usuarios, así como en los ingresos derivados del pago de las tarifas por su utilización. En el caso de Salamanca, el descenso de viajeros en 2021 respecto del año 2019 (último prepandemia) se sitúa en algo más del 37%, y el de ingresos por el pago de tarifas en algo más del 40%. En comparación con el primer trimestre de 2022 respecto al mismo periodo de 2019, arroja una reducción de viajeros del 27% y de los ingresos tarifarios del 30%.
Rodríguez añadió que, como consecuencia de ello, los ayuntamientos se han visto obligados a aumentar las aportaciones que realizan para financiar el funcionamiento de este servicio público esencial. En el caso de Salamanca, en el año 2021 la subvención para hacer frente al déficit de explotación del servicio se incrementó en un 36,5% respecto de la del 2019 (casi 9,1 millones de euros frente a casi 6,7 millones, respectivamente).
Escalada del precio de los combustibles
Por otra parte, y como consecuencia de la escalada del precio de los combustibles (gas, gasóleo), el Gobierno de España aprobó el Real Decreto ley 6/2022, de 29 de marzo, con una serie de medidas económicas que textualmente pretenden, según su exposición de motivos, “apoyar de forma rápida y decidida a las empresas del sector (del transporte), incluyendo líneas de ayuda directa que garanticen la liquidez de las mismas y la compensación de los costes extraordinarios que han soportado”.
Sin embargo, a pesar de admitir entre sus objetivos la ayuda a los sectores del transporte afectados, “e incumpliendo los acuerdos alcanzados con el Comité Nacional de Transporte por carretera”, el Gobierno ha decidido excluir al sector del transporte urbano de viajeros de las ayudas previstas en dicho Real Decreto ley, según matizó el concejal de Hacienda.
Fernando Rodríguez concluyó resaltando que tal agravio genera un serio perjuicio a los ayuntamientos como administraciones competentes en la prestación de dicho servicio, pues “el aumento desmesurado del coste de los combustibles que consumen los autobuses urbanos está provocando un incremento del déficit de explotación de este servicio público, que en el caso de las empresas públicas será asumido directamente por ellas, y en el caso de concesiones será reclamado a los ayuntamientos por las empresas concesionarias”. En el caso del transporte urbano de Salamanca, el precio medio del kWh de gas natural ha subido casi el 86% en 2021 respecto de 2019, “y en 2022 las cosas no apuntan a mejor de momento”.