Los diputados del PP denuncian el "reiterado maltrato" del Gobierno a Salamanca en justicia

Los diputados populares salmantinos José Antonio Bermúdez de Castro y Maria Jesús Moro han registrado hoy en el Congreso una batería de preguntas sobre temas de interés para los salmantinos y para el sistema de justicia en nuestra provincia. 

En primer lugar, los diputados piden explicaciones ante el maltrato al que el Ministerio de Justicia está sometiendo a los abogados del Turno de Oficio del Ilustre Colegio de la Abogacía de Salamanca, a los que adeudan los pagos correspondientes a cuatro meses de servicios prestados. Un retraso que, explican, se suma a los que ya tuviera lugar en noviembre de 2018, marzo de 2019 y diciembre de 2019, todos ellos también de varios meses. Adeudo que además se une a las discrepancias sobre impagos del último trimestre de 2019 y 2020.

Es por ello que los parlamentarios preguntan cuales son los motivos por los que este ministerio no cumple con sus obligaciones de atender a los profesionales del Turno de Oficio y cuáles son las medidas previstas para paliar dicha situación. Al mismo tiempo preguntan por qué han cambiado el sistema aprobado por el gobierno del Partido Popular que, a diferencia, permitía agilizar los pagos y que éstos se realizasen mensualmente de forma operativa.

Rehabilitación de la Audiencia Provincial de Salamanca

Por otra parte, los parlamentarios se han interesado por el proyecto que dejó presupuestado el Partido Popular en los PGE 2018 de rehabilitación de la Audiencia Provincial de Salamanca. “El gobierno de Pedro Sánchez -denuncian- ha hecho anuncios que no ha cumplido, ha presentado presupuestos incoherentes, se han rechazado las enmiendas del PP al proyecto y ahora el secretario de estado anuncia una ejecución sin conocer la licitación” por eso, exigen “es preciso saber dónde ha ido ese dinero y por qué el ministerio de justicia continúa sin ejecutar esta obra”.

Además, los diputados salmantinos se han interesado por las actuaciones arbitrarias de la fiscal general del Estado, que esta vez afectan al fiscal salmantino Francisco Manuel García Ingelmo, adjunto al fiscal de Sala de Menores, con una trayectoria profesional excelente y una especialización en el puesto durante más de 20 años y al que Dolores Delgado ha cesado de forma fulminante. Los parlamentarios se unen al rechazo de este cese, que ya han manifestado también 117 fiscales debido a la pérdida de la especialidad. Ante este nuevo escándalo protagonizado por Dolores Delgado que contribuye a dañar la credibilidad de la institución, José Antonio Bermúdez de Castro y María Jesús Moro preguntan al Gobierno si sigue manteniendo la confianza en la Fiscal General del Estado a pesar del perjuicio que se acusa en la credibilidad y percepción de la independencia de la institución y de la justicia española en general.