Unos dos centenares de motoristas rodaron este domingo por las calles de Salamanca para reclamar mayor seguridad en su tránsito por las carreteras del país, así como otras mejoras relacionadas con la movilidad de los vehículos de dos ruedas. La reivindicativa concentración motera, coordinada por la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, tuvo lugar en 16 ciudades españolas de forma simultánea, incluidas León y la capital tormesina dentro de la Comunidad.

La cita arrancó a las 11.00 horas con la reunión de motoristas en el aparcamiento de Salas Bajas y una hora más tarde, a mediodía, los concentrados salieron a rodar por las calles de la ciudad en comitiva tras dar lectura a un manifiesto. Además de León y Salamanca, la movilización tuvo lugar en Ceuta, Bilbao, San Sebastián, Mérida, Barcelona, Madrid, Pamplona, Palma de Mallorca, Gijón, Jaén, Valencia, Vigo, A Coruña y Toledo, además de Santander, donde hubo concentración pero no se autorizó la marcha.

El responsable de Seguridad Vial de la IMU, Juan Carlos Toribio, aseguró hoy que "no quedaba más remedio" que volver a salir a las calles este domingo, debido a "las acciones y omisiones" de las administraciones públicas y, según criticó, por su "demostrada incapacidad" para reducir los siniestros de tránsito de motoristas y sus consecuencias.

Así, Toribio aludió a la "discriminación por acción y omisión" de las administraciones públicas en lo relativo al derecho a la seguridad de los ciudadanos motociclistas. "Salimos debido al incumplimiento de la ley de nuestras instituciones, poniendo en peligro la vida e integridad de los ciudadanos y esa tendencia natural de prohibición o restricción del uso de vehículos a motor y ciclomotores por medio de regulaciones legales insensatas y sin objetividad y, sin contar con la opinión de los usuarios y conductores de estos vehículos", resumió el responsable, añadiendo un "largo etcétera".

Reivindicaciones

Entre las reivindicaciones que la organización hizo públicas para motivar la convocatoria figura que las administraciones públicas titulares de las calles y carreteras "cumplan la ley y las mantengan en buenas condiciones para circular". Además, reclaman que se protejan todos los guardarrailes "en el ejercicio y la protección del derecho constitucional a la no discriminación y a la seguridad", que se prioricen las partidas presupuestarias para el mantenimiento de estas infraestructuras y que se denuncie y sancione a los funcionarios responsables del mal estado de conservación de carreteras y calles.

Por otro lado, reivindican que se forme y equipe "debidamente" a los cuerpos y fuerzas de seguridad que practican la investigación de siniestros de tránsito y que las fiscalías de seguridad vial persigan "de oficio" el tipo delictivo de no restituir la seguridad de la vía cuando hay obligación de hacerlo. Asimismo, reclaman la retirada del discurso político y de la DGT "la intención del cobro por uso de las carreteras", así como obligar al uso de guantes y chalecos de 'airbag'.

De igual manera, instan a las autoridades de consumo a que persigan la venta y distribución de equipación de protección para motociclistas que no esté "debidamente homologada". También reclaman que se reduzca el gasto público entrando en "modelos lógicos de consumo del erario público" reduciendo así los impuestos de la energía y, en este sentido, que se reconozca a la motocicleta como un "vehículo eficiente en la movilidad urbana" y, por lo tanto, se dote de "protección especial" a su uso. En último término, pretenden que se regule el uso de la moto de campo de forma “"ógica y equilibrada", formalizando un modelo de 'licencia verde' que permita el uso de la moto de campo en determinadas zonas y temporadas.