La vista que se iba a celebrar la mañana de este miércoles, 14 de diciembre, en el Juzgado número 6 de Salamanca, queda suspendida. Según ha podido saber este periódico de fuentes del propio PP, "la denunciante ha desistido de continuar con la denuncia".

Lo que este periódico, a estas horas, no ha podido averiguar son los posibles motivos que la denunciante tiene para retirar una demanda que tendría un hondo calado en la política y, sobre todo, en el devenir del PP de Salamanca, que acaba de nombrar una gestora tras la dimisión de Javier Iglesias como presidente provincial.

Este periódico, que ha seguido todo el proceso desde que se interpuso la denuncia, también es conocedor de diversas reuniones, días atrás, entre los abogados de Génova y la denunciante con su equipo de letrados. Todo cambió a raíz de la dimisión de Javier Iglesias y el nombramiento de una gestora por la dirección regional. Ese fin de semana debería celebrarse una reunión entre oficialistas y críticos, para una lista o gestora de consenso, la que tendría que convocar "con urgencia", el congreso, tal como buscaban los hombres de Feijóo. Pero esta reunión no se celebró porque una de las partes "envió a un mandado y no acudió quien tenía que ir como mandatario". A partir de ese momento, todo pegó un cambio brusco en cuanto el PP regional nombró a una gestora "sin tener en cuenta los deseos de Génova". Y así se ha llegado hasta esta mañana, cuando se ha retirado la celebración de la vista.

La demanda, a la que tuvo acceso en exclusiva El Español-Noticias de Castilla y León y que fue interpuesta por una afiliada, solicitaba la adopción de medida cautelar para la convocatoria inmediata del congreso del Partido Popular de Salamanca, que en aquel momento estaba presidido por Javier Iglesias, cuyo mandato expiró el 27 de mayo de 2021 pero seguía ejerciendo el cargo enrocado en la no celebración del congreso, el único de los populares pendiente en España.

De hecho, Salamanca es la única provincia de España donde el PP no ha renovado sus órganos de dirección al no celebrarse el Congreso Provincial, órgano supremo del partido. Y todo ello sin mediar explicación, lo que supone un flagrante incumplimiento de los estatutos del Partido Popular y un “ninguneo y falta de respeto a todos y cada uno de los afiliados”, a los que se ha despojado de su derecho a elegir y ser elegidos. La respuesta del comité nacional fue la de trasladar la queja al Comité de Derechos y Garantías del partido en Castilla y León, quien a su vez sólo ha dado una “vaga respuesta” informando a los militantes de que se comenzarán “las actuaciones que procedan mediante la realización de la información oportuna”. Tras ello, el asunto fue puesto en conocimiento del Juzgado de Primera Instancia de Salamanca, que lo derivó al número 6.