Otro escándalo salpica a la Diputación de Salamanca y a su presidente, Javier Iglesias. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, mediante sentencia del 18 de noviembre de 2022, a la que El Español Noticias de Castilla y León ha tenido acceso, impone a la Institución provincial el pago de cerca de 500.000 euros a la empresa Vasbe por adjudicar un contrato a otra empresa de seguridad, por valor de 1,2 millones de euros sin impuestos, que, en la sentencia del TSJCyL se declara su "nulidad y retroacción del expediente administrativo al momento anterior a la adjudicación, con el fin de proceder a la adjudicación del contrato a Vasbe".

Además, el TSJCyL condena a la Diputación de Salamanca a "indemnizar por el daño causado a la sociedad recurrente Vasbe, en el importe resultante del lucro cesante causado" que, según informan desde la propia Institución provincial a este diario, se encuentra entre "los 400.000 y 600.000 euros, con una cifra media de 500.000 euros".

Esta importante cantidad, a abonar de las arcas provinciales y sin recuperar el precio pagado a la empresa que se le adjudicó con un contrato, firmado por el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y que ha sido declarado "nulo", incluye "el importe resultante de retraer del precio que debió cobrar Vasbe desde el inicio del contrato hasta la fecha en que se entre a prestar el servicio". Circunstancia que se produjo a principios de mes, eso sí, manteniendo los mismos trabajadores. Además, se incluye en esa importante cantidad de fondos propios "el coste salarial que debía soportar (salarios y coste social de los trabajadores adscritos al servicio, más las costas procesales".

Por tanto, el contrato celebrado por la Diputación de Salamanca el 30 de diciembre de 2020, por el que se adjudica el contrato del servicio de vigilancia y seguridad a una UTE, ha sido declarado "no conforme a derecho", es decir, fue ilegal.

"Incumplimiento de las cláusulas para ser contratado"

El auto del TSJcyL recoge que la empresa adjudicataria del contrato firmado con la Diputación de Salamanca "debía haber sido excluida del proceso de licitación" porque no cumplía algunas de las cláusulas del Pliego de Contratación. Entre ellas, enumera que la "UTE adjudicataria recurre a terceros para completar su falta de habilitación especial para prestar parte del servicio".

Además, en las condiciones técnicas se exige la disposición de una Central Receptora de Alarmas, y un sistema de prestación del servicio de respuesta de alarma y custodia de llaves, así como otras cuestiones de índole técnica para prestar el servicio contratado, que "debería justificarse mediante la aportación del certificado de Registro en la Dirección General de la Policía de las actividades autorizadas. Y la UTE tampoco cumplía esta obligación".

La Comisión de Contratación del 1 de febrero de 2023, en la que es presidente Carlos García Sierra (vicepresidente de la Diputación), en el primer punto del orden del día se da lectura para su aprobación del acta de la sesión del día 25 de enero de 2023, de un Decreto de Presidencia 35/23, "aprobando la anulación de la resolución de Presidencia 5616/20 de 30 de diciembre, por la que se adjudica, mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, los servicios de vigilancia y seguridad de la Diputación de Salamanca a la UTE Seguridad Diputación de Salamanca".

Conviene recordar que la licitación de los servicios de vigilancia y seguridad de la Diputación de Salamanca tienen un importe de 1,466 millones de euros durante dos años, ya que iba del 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022, pudiendo prorrogarse por un periodo de dos años. Pero, de por medio, anuló ese contrato el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.