La propuesta de eliminación del Servicio de Relaciones Laborales (Serla) por parte de la Consejería de Industria y Empleo ha suscitado un rotundo rechazo por parte de los juristas que han protagonizado la mesa del Foro 'La solución autónoma de conflictos laborales', organizado por EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León en colaboración con el CESCyL, este martes. Los expertos han coincidido en señalar la necesidad de la continuidad de la "herramienta fundamental" del Serla y han pedido una mayor seguridad jurídica.

Ricardo Bodas, magistrado emérito de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Beatriz Losada, directora de la Fundación SIMA, Jesús Baz, director del equipo redactor del Informe del CES de Castilla y León, y Rafael Sastre, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Salamanca y mediador de la Fundación Serla, han coincidido también en destacar la "necesaria diferencia" entre el papel de los servicios de mediación y arbitraje y el de la administración en los conflictos laborales y han cargado contra el "ataque a la autonomía colectiva" que, a su juicio, supone el intento de la Consejería dirigida por Mariano Veganzones.

Bodas pone el foco en la necesidad de "seguridad jurídica"

Ricardo Bodas, magistrado emérito de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, ha hecho hincapié en la necesidad de "seguridad jurídica" y ha alertado sobre la enorme carga de trabajo en los juzgados de lo social en relación a conflictos laborales que, a su juicio, es "artificiosa" y podría resolverse en órganos de mediación laboral. "Si no conseguimos incrementar la capacidad de resolución vamos a continuar teniendo un problema tremendo de reclamación de indemnizaciones al Estado por retrasos. Los ciudadanos tienen derecho a que se pruebe y la carga de trabajo que se nos encomienda es nuestro problema", ha afirmado, añadiendo que nos encontramos ante "un reto histórico que tiene que acometer el CGPJ". "Es un momento histórico clave para la mediación y el arbitraje", ha señalado. 

Bodas ha destacado que existe "una litigiosidad artificiosa mayoritaria, un volumen extremado de asuntos que podrían y deberían resolverse fuera de la jurisdicción". "Los jueces titulares ponen el 75% de las sentencias, nos encontramos con una carga de trabajo relevante. En salario de tramitación se han pagado 123 millones desde 2012 hasta 2021", ha añadido.

El magistrado emérito ha insistido en que existe "una carga de trabajo enorme pero artificiosa de manera mayoritaria" y ha asegurado que "si se resolviera el trabajo sería abrumador, pero si no se resuelve el abrumado es el justiciable". "El mes de noviembre de 2022 se produjo una sentencia del Tribunal Constitucional en la que por primera vez se cambia el chip y se nos dice que estamos obligados a dar tutela judicial efectiva al justiciable", ha añadido.

Bodas ha hecho un recorrido histórico y ha señalado que una particularidad de España ha sido "el gran peso de la jurisdicción social". "La jurisdicción social ha sido extremadamente operativa, garantizaba la mediación, la gratuidad y la rapidez. A día de hoy esto ha saltado por los aires y su situación es especialmente complicada, se ha despeñado. Es el momento histórico de la autocomposición", ha señalado.

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Baz afirma que "judicializar" lleva a que "no se resuelvan muchos conflictos"

Jesús Baz, director del equipo redactor del documento base del Informe del CES de Castilla y León ha señalado que "hay mucha pedagogía que hacer sobre los sistemas de solución autónoma de conflictos". "Cuando se trató de eliminar la financiación para el Serla se decía que había un monopolio sindical. Ni monopolio, ni sindical", ha afirmado. Baz ha lamentado que contamos con una jurisdicción social "muy capacitada pero enormemente sobrecargada" y ha destacado que se producen 396 sentencias al año por parte de cada magistrado social, "más de una al día" y un 89% de sobrecarga. 

El jurista ha destacado el papel de los sistemas de solución autónoma de conflictos y ha asegurado que "muchas veces cuando no se resuelven los conflictos de fondo es cuando en la empresa se judicializan muchas cuestiones". "Los órganos de mediación llevan a cabo una tarea diferente: no se lleva a cabo una labor propiamente hermenéutica, de aplicación estrictamente jurídica de la norma. Ahí lo que se hace es consensuar que manera de aplicar la normativa satisface a las dos partes", ha destacado.

Para Baz, el proceso de mediación "se parece mucho más a la negociación colectiva que al proceso judicial". "Se pretende redimensionar la conflictividad que acaba llegando a los juzgados de lo social. Y luego ya está la labor de la administración, que tiene muy buenos funcionarios pero cualitativamente su función y su papel es otro", ha zanjado.

Losada asegura que cuestionar el Serla "ataca al modelo constitucional"

Beatriz Losada, directora de la Fundación Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), ha considerado "inconcebible" que se esté cuestionando la existencia del Serla, que ha calificado como "una herramienta fundamental" y que "deriva del modelo laboral español". "El conflicto colectivo laboral estatal gracias a la responsabilidad de sindicatos y patronal goza del total respaldo no solo en la generación del acuerdo sino también en el respaldo de todos los partidos políticos que han ocupado el Ministerio de Trabajo", ha destacado.

Para Losada, cuestionar el Serla "ataca al modelo constitucional español". "El conflicto en el mundo laboral es algo inherente a las relaciones laborales, es una oportunidad y un motor de cambio. Los organismos de solución autónoma de conflicto sirven para dar una solución a aquellos conflictos que no la van a encontrar en una sentencia", ha añadido.

Desde el punto de vista de esta jurista, "tener que explicar la necesidad de que existan estas herramientas en el modelo laboral" demuestra que "existe un problema grave". "Tenemos que mirar hacia la Carta Social Europea y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No es una cuestión de ideología, sino de oportunidad y de necesidad para resolver los conflictos laborales", ha zanjado.

Sastre: "Se ha disparado un misil contra la autonomía colectiva"

Rafael Sastre, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Salamanca y mediador de la Fundación Serla, ha asegurado que "se ha disparado un misil contra la autonomía colectiva" con la propuesta de eliminación del Serla. "Lo único que he escuchado son frases insultantes y no argumentos. Deberíamos estar hablando del futuro y de lo que estamos hablando es del pasado", ha asegurado, añadiendo que propuestas como esta "retrotraen a bastantes años atrás".

Sastre ha insistido en que se trata de "una propuesta anacrónica, un disparate desde el punto de vista jurídico, y una desconfianza frente al propio sistema autonómico". Y ha recordado que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León "establece el fomento del Diálogo Social" y que estas decisiones "ponen en cuestión la autonomía colectiva y el propio autonómico de relaciones laborales".