El cambio de color en el Ayuntamiento de Retortillo (Salamanca) no ha sentado nada bien a la empresa australiana Berkeley. Su proyecto de instalar una mina de uranio en la comarca, que supondría una inversión de 80 millones de dólares para la zona, ha sufrido un nuevo traspié. El nuevo gobierno municipal ha acordado cancelar la licencia urbanística parcial concedida a Berkeley Minera España en el año 2020, por lo que se declara su caducidad.

La alcaldesa socialista María del Carmen González Calderón, que el pasado 28 de mayo, sustituyó a un regidor del PP que siempre se mostró favorable a la construcción, ha afirmado que no tiene nada contra la empresa, pero sí contra una mina de uranio en el pueblo. Asimismo, además de la paralización de la licencia, el pleno acordó retomar el expediente sancionador por faltas urbanísticas muy graves cometidas por la empresa. En concreto, hablan de la realización de una balsa y el desvío de la carretera provincial, sin contar con las licencias pertinentes, según cuenta la plataforma Stop Uranio, con su fundador Jesús Cruz a la cabeza.

EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León se ha puesto en contacto con fuentes de la empresa que han asegurado que no han recibido ninguna notificación hasta el momento y que cuando lo hagan valorarán la situación. Hasta el pasado 28 de mayo, Berkeley lidiaba batalla contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ya que les negaban una autorización para poder arrancar con la explotación, ahora se enfrenta también al gobierno municipal. Sin embargo, cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León, concretamente de su vicepresidente Juan García-Gallardo, que el pasado mes de mayo mantuvo una reunión con la empresa y solicitó al gobierno central que autorizase la explotación.