De Vicente reivindica el papel fundamental de las diputaciones para vertebrar el territorio

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente ha participado hoy en la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias que ha tenido lugar en León y, en la que se ha puesto de manifiesto que “los fondos europeos deberían ser una oportunidad idónea para ayudar a estas entidades en el mantenimiento de sus redes viarias, ya que tenemos un papel fundamental en la vertebración del territorio”, tal y como ha expresado De Vicente, que se ha unido a las manifestaciones del vicepresidente de la Comisión y presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García. 

Este último ha hecho referencia al informe sobre infraestructuras provinciales de movilidad que ha realizado la Federación en el que se ha constatado que los gobiernos provinciales son la segunda administración que más kilómetros de carreteras gestionan en España; concretamente, 67.000 kilómetros de la red viaria española son titularidad de los gobiernos intermedios, dando cobertura a 13 millones de viviendas que conectan a más de 30 millones de personas, por lo que ha afirmado que “gestionamos más kilómetros que el Estado y, por ello, necesitamos fondos europeos para el mantenimiento de esta red viaria y hoy en día no recibimos ni un solo euro de ayuda externa para sustentarla y mantenerla en buenas condiciones para el uso”. En el caso de la provincia de Segovia, la red de carreteras de la Diputación se extiende a lo largo de más de 1.200 kilómetros, “longitud que no alcanzan sumando las que son competencia de la Comunidad Autónoma y el Estado juntos”, ha apuntado Miguel Ángel de Vicente.

En la reunión también se ha abordado la importancia y la recomendación de que todas las corporaciones locales dispongan de un Plan de Medidas Antifraude, obligatorio para la gestión de los fondos europeos, un documento con el que ya cuenta la Diputación de Segovia desde su aprobación en el Pleno del pasado mes de enero y  “que además se ha adaptado a las necesidades de los ayuntamientos para que puedan contar con un modelo que se les ha facilitado desde el servicio de Asistencia a Municipios”.

Por último, la Comisión ha analizado y sintetizado los preceptos recogidos en la nueva Reforma Laboral, así como las medidas para la reducción de la temporalidad en el Empleo Público, que afectan de manera importante a las contrataciones laborales de las Administraciones Públicas, produciéndose un cambio en la concepción de las mismas, con nuevas modalidades y limitaciones de los plazos temporales, una circunstancia “que será de obligado cumplimiento a partir del 30 de marzo y que trastoca bastante las contrataciones, tanto en el ámbito público como privado”, tal y como ha concluido De Vicente.