La Diputación de Segovia, tajante en el conflicto de los trabajadores de Promoción Personal: "Cumplimos la ley escrupulosamente"

El Gobierno provincial de la Diputación de Segovia ha defendido su postura en la situación de las trabajadoras de los Programas de Promoción Personal, pertenecientes a una empresa subcontratada. De esta manera, tras proponer PSOE e IU a través de una moción que mediase con la compañía, el presidente, Miguel Ángel de Vicente, ha recalcado que no puede compartir "ninguna de las ilegalidades" a las que quieren conducir al equipo de Gobierno. "Cumplimos escrupulosamente la legalidad vigente, mientras que a ustedes les mueve la sinrazón para intentar desgastarnos", ha puntualizado.

La defensora de la moción, Ana Peñalosa, ha afirmado en su intervención que dicho personal "no está catalogado como esencial, pero tienen un fuerte arraigo en la provincia", por lo que, ha puntualizado, solucionar dicho conflicto se trata de una "cuestión de voluntad política" que, además, según ha señalado, "tiene cabida jurídica".

Un punto que ha sido rechazado tanto por el PP como por el grupo mixto de Vox, que ha asegurado que "o existe falta de profundidad en el conocimiento jurídico" o, bien, "están buscando meter a la Diputación en un problema". 

Tras las palabras de Máximo San Marciano, que ha alegado que los trabajadores de dichas aulas son el "brazo ejecutor" de lo que planifica la institución provincial para justificar así su propuesta, De Vicente ha matizado que la Diputación no tiene ninguna relación laboral con dichos empleados y que las condiciones que se recogen en el pliego del contrato con la empresa cumplen lo que marca el convenio colectivo rubricado por CCOO. 

"Por eso lamentamos que PSOE e IU entren al juego de unas reivindicaciones que nada tienen que ver con las competencias de esta administración", ha añadido. Además, ha aseverado que no ha sido la Diputación la que ha marcado el precio del kilometraje a 0,19 euros, sino que es cosa del "propio sindicato", que fue quien pactó dicho convenio colectivo y que ahora exige a la compañía que ahora lo abone a 0,23 euros.

"Estamos cumpliendo ese convenio, de la misma manera que hemos recogido la subida del 10% del salario", ha matizado el presidente de la Diputación. Asimismo, ha puntualizado que empleados y CCOO saben que "gozan de privilegios que no son comunes" como es el hecho de que se les pague el kilómetro desde la puerta de casa y no desde el primer municipio al que van.

Dirigiéndose directamente a IU y PSOE, De Vicente ha recalcado que les piden que busquen una "solución legal" cuando los informes técnicos avalan su decisión, por lo que no pueden permitirse "gobernar a golpe de pancarta" y han de hacerlo de "manera reflexiva y midiendo las consecuencias".

Por eso, les ha pedido que se "alejen de la demagogia, huyan del titular fácil y sean responsables" con el objetivo de "tener más altura de miras" que les haga entender "qué hay más allá" de este conflicto que han "creado los mismos que hace menos de dos años se sentaron a la mesa para negociar y aceptar unas condiciones de las que ahora quieren hacernos responsables". "Por desgracia, quienes están pagando las consecuencias de estas reivindicaciones son los participantes de estos Programas que cuentan con el respaldo de la provincia desde hace más de treinta años", ha lamentado.

Algunas de las personas trabajadoras de las Aulas Sociales, Aulas de Manualidades y Ocio Preventivo han presenciado la sesión y han abandonado el Salón de Plenos una vez ha finalizado el debate de esta última moción.

Empleados del Programa de Promoción Personal asisten al pleno provincial de la Diputación de Segovia

En otra moción presentada por el PSOE, se ha propuesto crear una mesa de trabajo con presencia de todos los grupos provinciales para desarrollar propuestas en materia de desarrollo industrial que se lleven hasta el grupo de trabajo del Programa Territorial de Fomento Territorial.

El portavoz de los socialistas, José Antonio Mateo, ha defendido que dicha moción es "propositiva sin ningún tipo de aristas", dado que consideran que es "importante para Segovia". Ha sido rechazada, con el único apoyo de los socialistas y la de IU. El portavoz de Vox, Pedro Varela, ha puntualizado que con la propuesta "obvian quién lo está haciendo y buscan un rédito electoral, un altavoz para poder hacer ruido y no contribuir al desarrollo industrial de la provincia, pues pueden transmitirme a mí sus propuestas y yo se las hago llegar al consejero".

Por su parte, el portavoz del PP, José María Bravo, ha señalado que no existen mesas de trabajo para el "reparto de los Fondos Europeos" porque se "están quedando por el camino" porque el Gobierno "no ha dejado que sean las entidades locales quienes los gestionen". 

Modificación presupuestaria de más de tres millones de euros

Los ciudadanos de la provincia de Segovia contarán con un aumento de tres millones de euros más en sus presupuestos. La Diputación ha aprobado este jueves, en el pleno, la modificación presupuestaria de 3.047.600 euros para continuar dando respuesta a las necesidades de sus vecinos.

En dicha modificación se han incluido, entre otras partidas, 225.000 euros para el Servicio Provincial de Extinción de Incendios, 30.000 euros para ampliar el convenio con el Colegio Oficial de Farmacéuticos que ayude a que el Sistema de Dosificación de Medicamentos llegue hasta más personas en el mundo rural y 330.000 euros para obras en diferentes carreteras provinciales.

Asimismo, se han registrado los ajustes entre partidas de Personal, mientras que se han usado 766.500 euros procedentes de los remanentes de Tesorería.

También se ha aprobado por unanimidad la subida de 0,5% del IPC Armonizado en las retribuciones básicas y los complementos de los trabajadores de la Corporación, para dar de esta manera respuesta a la resolución del 4 de octubre de este año del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

En el orden del día también se ha incluido la prórroga hasta el 15 de diciembre del plazo de justificación de las obras del PAIMP por existir una carencia de mano de obra y el acceso a contratistas públicos a los que se están enfrentando los consistorios.