El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, en la firma del convenio con el Obispado de Segovia

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, en la firma del convenio con el Obispado de Segovia

Segovia

La Diputación y el Obispado de Segovia destinan 300.000 euros para reparar las iglesias de la provincia

Las cantidades invertidas se deben ejecutar y justificar en este año y una comisión mixta se encargará de seguir el cumplimiento 

14 agosto, 2024 15:22

La Diputación de Segovia y el Obispado de Segovia han firmado un año más el convenio de colaboración para llevar a cabo actuaciones de reparación y conservación en templos repartidos por el territorio. 

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, y el vicario general de la Diócesis, Ángel Galindo, han sido los encargados de firmar el acuerdo que contempla una fórmula de cofinanciación en la que cada una de las entidades aporta 150.000 euros.

En total, serán 300.000 euros los que habrá disponibles para llevar a cabo estos proyectos de reparación en el medio rural y que irán destinados a iglesias, retablos o ermitas. Un visto bueno que ha dado la Junta de Gobierno de la Diputación y que beneficiará a los edificios del patrimonio histórico de la provincia que no están calificados como monumentos y que no se benefician de la protección y beneficios que la legislación reserva para estos casos. 

De Vicente ha recalcado que la institución provincial avanza en su espíritu de fomentar "acciones que repercutan directamente en los pueblos" desde "el deber de cooperación" que tienen. 

Según el acuerdo, son subvencionables los trabajos de reforma y rehabilitación cuyo objetivo sea la adaptación o adecuación para la mejora del inmueble, grandes reparaciones y mantenimiento y conservación con trabajos de menor entidad. 

El Obispado se encarga de la contratación y ejecución de las obras aprobadas, así como la obtención de permisos, autorizaciones y licencias. El periodo de ejecución y justificación para las entidades beneficiarias finaliza el 30 de noviembre de 2024 y habrá una comisión mixta de seguimiento, vigilancia y control de los resultados.