Barcones considera un "deber moral” la búsqueda, localización e identificación de los restos de personas enterradas en fosas comunes

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, aseguró hoy en Soria que la búsqueda, localización e identificación de los restos de personas enterradas en fosas comunes es “un deber moral" en una sociedad democrática.  De ahí que considera que los ciudadanos están éticamente obligados a "dignificar" a las víctimas de la Guerra civil y a las víctimas de la dictadura franquista.

Así lo manifestó en los actos de la asociación soriana Recuerdo y Dignidad como homenaje y para la devolución a su familia de los restos mortales de Joaquín Borrego Reyes, el cuarto desaparecido asesinado en La Riba de Escalote. Unos actos que tuvieron lugar en la plaza de Bernardo Robles de la capital soriana, donde vivía este funcionario del Catastro asesinado el 16 de septiembre de 1936, y se han trasladado después al Centro Cultural Alameda. También se rindió homenaje a los más de 600 sorianos desaparecidos durante la Guerra Civil y el Franquismo.

Tras realizar una breve mención a su biografía y un recorrido de visibilización del asesinato por la céntrica calle de El Collado, se hizo entrega de sus restos mortales y objetos personales rescatados en la excavación. Estuvieron presentes una hija, Manuela, y un nieto de Joaquín Borrego, que también se llama Joaquín.

En septiembre del pasado año, fueron devueltos a sus familias los restos de las otras tres víctimas de la fosa de La Riba de Escalote recuperados por la Asociación Recuerdo y Dignidad. Virginia Barcones recordó que el Gobierno de España convoca ayudas a las entidades locales para la realización de actividades relacionadas con la recuperación de la memoria democrática. Estas subvenciones de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática son para realizar actuaciones en diferentes ámbitos de investigación, recogida de testimonios, prospección, exhumación y análisis de restos.

La delegada del Gobierno destacó el "claro" compromiso político y moral del Gobierno de España con las víctimas y sus familiares". Este compromiso que mantiene el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática desde 2018 queda reflejado en todas las ayudas aprobadas por el Gobierno para la recuperación de la memoria democrática, y muy especialmente para exhumaciones.

Barcones afirmó que en diciembre de 2021 se resolvieron las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para actividades relacionadas con la recuperación de la Memoria Democrática y las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura. Las ayudas se acercaron al millón de euros. La asociación soriana para el Recuerdo y la Dignidad obtuvo una subvención para la recuperación y conservación de testimonios audiovisuales sobre las víctimas del alzamiento militar y la guerra civil española.

La delegada destacó también que ha habido otras asociaciones o entidades de Castilla y León que han obtenido ayudas para diversos proyectos como el Círculo Republicano Zamorano, la Fundación Jesús Pereda de CCOO de Castilla y León o la Universidad de León, esta última para cuatro actuaciones diferentes. A estas subvenciones habría que sumar las concedidas en la pasada convocatoria a ocho proyectos de localización, exhumación e identificación de personas enterradas en fosas comunes en Castilla y León y a otros tres proyectos de recuperación de la Memoria Democrática.

De estas once subvenciones, seis fueron distribuidas por la Federación Nacional de Municipios y Provincias y se llevan a cabo en otros tantos ayuntamientos de cuatro provincias como Burgos (dos), Zamora, León y Soria (dos). En la provincia soriana, se lleva a cabo el estudio documental y recogiendo testimonios en el barrio de Las Casas, adscrito al Ayuntamiento de Soria. Y en Renieblas se añade al estudio y testimonios, la prospección, exhumación y análisis de restos.

Estas líneas de ayudas conforman un plan de choque puesto en marcha por el Gobierno en el ámbito de la recuperación de la memoria democrática que revierte la situación que se había creado en 2013, cuando el ejecutivo que gobernaba entonces decidió dejar sin presupuesto las políticas de memoria histórica.