La Guardia Civil de Soria logró cerrar el pasado 27 de septiembre una complicada operación denominada Machatasha, la cual se saldó con la detención de seis personas, cinco en Soria y una en Albacete, y la investigación judicial de otras cuatro, propietarios de fincas agrícolas, por pertenecer a una organización delictiva dedicada a la explotación laboral de temporeros extranjeros, tanto comunitarios en situación de vulnerabilidad como de extracomunitarios procedentes del norte de África, que, según la Agencia Ical, llegaron a la zona de la Ribera del Duero de Soria y Burgos en la campaña de la vendimia. 

De este modo, los investigadores han logrado identificar un total de 45 víctimas de origen marroquí, subsahariano y búlgaro pertenecientes a dos grupos diferentes. Por un lado están nueve procedentes de países del Magreb, que carecían autorización para trabajar por su situación irregular en España con expediente de expulsión tramitado, y por otro aquellos que procedían de países de la Unión Europea, lo que les habilita para poder trabajar en las mismas condiciones que los nacionales. Sin embargo, estos se encontraban en situación de vulnerabilidad, bien por ausencia de arraigo, por carencia de recursos económicos, desconocimiento del idioma, etc. Aunque sí podían ser dados de alta por el empresario, no lo estaban y eran obligados a aceptar las condiciones de la organización. Ninguno tenía contrato laboral. 

Según Ical, todos ellos acudieron "engañados" ante la oferta de trabajo hasta la zona de San Esteban de Gormaz, y, tal y como ha subrayado el teniente coronel Sergio Peñarroya durante la presentación de la operación policial, los detenidos hacían de intermediarios para facilitar trabajadores a pequeños propietarios agrícolas para realizar tareas propias del campo. 

El inicio de dicha investigación se remonta al pasado 6 de julio, cuando la Comandancia de la Guardia Civil de Soria tuvo conocimiento, por parte del pueblo soriano de Olmillos, de que en las localidades de la Ribera del Duero soriana personas extranjeras podrían estar realizando labores agrícolas sin las formalidades legales correspondientes.

Ical asegura que una disputa de un propietario de la vivienda y los inquilinos por desavenencias en el pago fue lo que les puso en la pista. Al parecer, el propietario pretendía echar a los inquilinos que argumentaban que habían pagado unas cantidades económicas por venir de sus zonas para trabajar, aludieron que “no habían conseguido el trabajo” y requerían que les devolvieran el dinero que habían adelantado como pago.

Por su parte, el propietario manifestó que todo se basaba en contratos verbales, siendo a partir de ese momento cuando la Guardia Civil identificó a nueve extranjeros africanos, ocho en situación irregular.

El 7 de julio se produjo una alteración de orden público entre ciudadanos búlgaros que discutieron por el resultado de unas cuentas que movilizaron a la Guardia Civil hasta El Burgo de Osma. 

Además, se localizó una tienda de alimentación en San Esteban de Gormaz, regentada por ciudadanos búlgaros, por lo que los agentes decidieron judicializar el asunto. 

Así, tras las intervenciones telefónicas realizadas en septiembre, se puso de manifiesto la existencia de personas españolas y búlgaras que se dedicaban a seleccionar a personas, en su mayoría de origen búlgaro, que llegaban a España pensando que iban a tener unas condiciones laborales y cuando llegaban a Soria se encontraban con otras.

Se les cobraba un precio abusivo por alquiler de vivienda y compra de la alimentación, dos servicios que dispensaba la organización. “La oferta laboral tenía unos condicionantes muy concretos y del sueldo se le retraía la vivienda y la alimentación abusiva e incluso una comisión por encontrarles un trabajo, es decir, funcionaban como una ETT”, ha indicado el teniente coronel. 

Peñarroya también ha revelado que el 27 de septiembre, jornada en la que explotó la operación, se realizaron tres inspecciones, junto a la Inspección de Trabajo, a otras tantas cuadrillas de trabajadores, dos de Soria y una en Burgos, en la que se tomó declaración a trabajadores y se realizó registros domiciliarios en viviendas y en la tienda.

Fruto de las inspecciones desempeñadas en la tienda de alimentación se consiguió incautar documentación bancaria y archivos sobre cobros y pagos que ratificaron el engaño al que se sometía a los trabajadores.

Durante la operación se tuvo conocimiento que empresarios sorianos denegaron este tipo de mano de obra, tras ser ofrecida. Además, el teniente coronel precisó “la doble moral” de algunos ciudadanos que alquilaron sus viviendas y no hicieron más preguntas para no conocer la realidad del destino de la misma.

La organización pagaba entre 12 a 14 euros la hora y la comisión que cobraba era de siete euros, y luego los contratados tenían que descontar gastos, entre ellos el 50% de los salarios por buscarles el trabajo. “Han llegado a cobrar hasta 100 euros por habitar una vivienda, donde han llegado a compartir colchón 17 personas que no se conocían”, ha recalcado para insistir en la actuación “negligente” del propietario de la vivienda.

Asimismo, a los extranjeros que no tenían dinero para viajar a España, se les adelantaba desde la organización y luego se les cobraba con intereses, según Peñarroya, quien ha insistido que se les requisaba las cuentas bancarias y se les amenazaba con que si no cumplían con las condiciones, varias personas que estaban en su país de origen se encargarían de su familia.

“Un matrimonio de Bulgaria trabajando un mes consiguió costear los billetes de ida y vuelta a su país, se llevaron diez euros en metálico y adquirieron una deuda con la organización de 200 euros”, ha resaltado.

Cabe destacar que la investigación también ha permitido demostrar que las condiciones de explotación por parte de la organización a las víctimas se implementaban incluso cuando estas ya habían finalizado su relación laboral, obligándolas a hacerse cargo de una deuda que, según la organización, se había generado por su alojamiento, manutención, supuestos trámites burocráticos y traslados desde sus países de origen, entre otras cuestiones. Y es que, según indica la Guardia Civil, las coacciones se mantenían en el tiempo generando miedo en las víctimas. 

Además, los salarios tampoco llegaban al mínimo legal y, por si esto fuera poco, por norma general los gastos que supuestamente generaban superaban la cantidad a percibir. 

La operación, conocida y coordinada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de El Burgo de Osma, Soria, y la Fiscalía de la Audiencia Provincial, todavía continúa abierta.