La Guardia Civil de Soria, en colaboración con el Seprona, ha desarrollado la Operación FERRITINA que investiga a cinco empresas del sector de la madera y el metal ubicadas en Ibiza, Toledo, Vizcaya y Ciudad Real. Estas empresas son sospechosas de incurrir en un delito contra los recursos naturales y el medioambiente al comercializar traviesas de madera contaminantes tratadas con creosota, procedentes del desmantelamiento de la vía férrea Calatayud – Cidad Dosante, sin cumplir con la normativa medioambiental.

Las investigaciones se iniciaron en junio de 2023, cuando el Seprona detectó transportes de traviesas de madera creosotada con destino a empresas de Ibiza y Ciudad Real, sin respetar las regulaciones medioambientales pertinentes. La creosota, compuesta por alrededor de doscientos químicos, incluyendo el benzo(a)pireno, presenta riesgos tanto para la salud humana como para el medio ambiente.

Esta el resultado de la mezcla de alrededor de doscientos compuestos químicos, principalmente hidrocarburos, entre los cuales destaca el benzo(a)pireno como el compuesto relacionado principalmente con los efectos adversos de la creosota.

La exposición a determinadas concentraciones de este compuesto químico puede representar un riesgo de cáncer para las personas expuestas. Además, se señala que la creosota tiene un impacto significativo en el medioambiente, ya que su presencia en el medio natural es frecuente y puede contaminar el suelo y las aguas subterráneas.

En términos atmosféricos, se destaca que la quema incontrolada de madera tratada con creosota puede ser una fuente potencial de contaminación al emitir productos químicos tóxicos en humos y cenizas.

Desde la entrada en vigor de la Orden MAM/304/2002, las traviesas impregnadas con creosota se consideran residuos peligrosos, debiendo ser gestionadas por gestores autorizados. Sin embargo, se constató que las empresas investigadas no cumplieron con esta normativa, comercializando alrededor de 4.500 traviesas de manera ilegal.

Como resultado de estas acciones, se han iniciado diligencias penales que han sido entregadas al Juzgado de Instrucción nº 1 de Soria y a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Soria. Además, los hechos serán denunciados ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León por posibles infracciones a la normativa sobre residuos.