La Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid ha criticado las “trabas” que tanto empresarios como abogacía del Estado están poniendo a la decisión del Ayuntamiento de Valladolid de que la gestión del ciclo del agua vuelva a ser 100% pública después de veinte años de gestión privada. Unas actuaciones que han hecho a los vecinos mostrar su “indignación”.

La Federación ha señalado que en los últimos días se ha desatado una "verdadera ofensiva judicial" desde distintos ámbitos, públicos y privados, contra la decisión del Ayuntamiento de recuperar la gestión pública del ciclo del agua en Valladolid.

A este respecto, considera que esta ofensiva es un "ataque frontal a la soberanía municipal" y que "está en su derecho, faltaría más, a elegir qué tipo de gestión quiere para un servicio público que es de su exclusiva competencia".

"Y más cuando la mayoría de los grupos municipales ha decidido este tipo de gestión", ha asegurado la Federación, quien ha recordado que hace 20 años el anterior equipo de gobierno decidió su privatización de manera "unilateral" y sin que estuviera en su programa electoral.

Así, considera que si el Ayuntamiento en Pleno ha decidido remunicipalizar la gestión del agua, avalado por todos los informes técnicos y jurídicos municipales, respondiendo a sus programas electorales, ha sido con la "mayor democracia imposible".

Operación "orquestada"

Por ello, el colectivo se ha preguntado a qué viene toda esta operación "orquestada" de los empresarios y de la propia Abogacía del Estado, "poniendo trabas y judicializando la decisión municipal" y entienden que, a estas alturas, "alguien hace agua", incluso se le "está viendo el plumero".

"Cuando muchos de los poderes, digamos fácticos, se ponen de acuerdo para poner trabas a la legalidad más exquisita, es porque sienten que se les acaba la bicoca y eso es lo que les duele", ha asegurado el colectivo vecinal, que ha añadido que "no asumen que los plebeyos les quiten el pastel que tan gustosamente y durante 20 años han estado lamiendo a su costa".

Por ello, la Federación considera que es hora de "desenmascarar a los culpables" porque "sus tópicos ya no convencen" y ha criticado que la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE) diga que se ha visto obligada a acudir a los tribunales porque considera que el régimen de monopolio que genera la nueva fórmula resulta perjudicial para los intereses particulares y públicos.

Además, la Federación vecinal cuestiona cómo puede decir esto si antes de la privatización el superávit se reinvertía en mejoras del servicio y durante veinte años los beneficios se les ha "guardado" la concesionaria y el canon se usó para otros fines.

"Que la CVE sea partidaria de la gestión privada de los servicios públicos es razonable desde sus principios pero que se haya demostrado que es la forma más eficiente, está por demostrar", ha señalado la Federación.

Sin embargo, sí que coincide con la CVE en que la decisión "perjudica gravemente" a las empresas que se dedican a ofrecer este servicio pero cree que debe entender que cada uno debe defender lo suyo y no como algunos "chupópteros" que viven a cuenta de los demás.

La Federación ha incidido en que la empresa gestora actual es filial de un grupo multinacional y en situación similar están el resto de empresas que prestan el servicio, agrupadas en tres o cuatro grandes multinacionales, por lo que "no parece que las empresas locales, a las que la CVE representa, tengan fácil optar a un trozo de este goloso pastel".