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Salvador Arpa Esther Minguez toma la palabra arzobispado diputacion valladolid
VTLP pide un reglamento sobre instalaciones deportivas municipales
El Procurador del Común ha dictado una resolución donde se solicita a todos aquellos municipios de Castilla y León de más de 5.000 habitantes que no tengan una normativa o reglamentación sobre el uso de las instalaciones deportivas municipales a que la aprueben, insistiendo en que en esa normativa se recoja, a través de un catálogo, las conductas infractoras y las sanciones aplicables.
Esta sugerencia del Procurador viene motivada por una única queja suscrita por más de 200 socorristas de toda Castilla y León por la posible existencia de deficiencias en la seguridad de determinadas instalaciones municipales, en concreto en las piscinas públicas que, en el periodo estival, presentan un gran nivel de ocupación y, sin embargo, solo cuentan con los socorristas como personal encargado para hacer cumplir las normas, desatendiendo así sus funciones específicas cuando tienen que intervenir en los altercados entre usuarios
Según el Procurador del Común, sería conveniente que esta reglamentación tuviera un protocolo de intervención ante los incidentes que puedan darse en las instalaciones y debería ajustarse a las competencias profesionales exigibles a cada uno de los profesionales que tengan que hacer frente a esas situaciones. También se reclama que se facilite a los empleados algún mecanismo para la constancia de incidentes, de forma que puedan detectarse los problemas más frecuentes e implantar mecanismos efectivos para la resolución de los conflictos.
Esta reclamación nos puede estar poniendo sobre aviso de un posible problema de seguridad en nuestras instalaciones deportivas y más concretamente en las piscinas de verano, cuando los socorristas no solo están atendiendo las posibles causas de accidentes en el agua sino que también, a día de hoy, hacen labores de “policía o guardia” cuando es una función para la que no tienen competencia.
Por lo que sabemos, lo habitual en estas instalaciones es la normalidad en el comportamiento de los usuarios, pero parece conveniente que las administraciones se doten de elementos para reaccionar ante este tipo de conductas para su buen uso.
Esta normativa debe incidir en el respeto a las reglas de utilización y a las indicaciones de los empleados, contribuyendo así a dotar de mayor control a las actitudes incívicas; por lo tanto es adecuado que los Ayuntamientos tengan una reglamentación que dé seguridad jurídica a las actuaciones de los empleados municipales, frenando los comportamientos abusivos y sancionando las infracciones que pueden comprometer la seguridad del resto de usuarios y también de los trabajadores de la instalación.
En la normativa que se apruebe se puede incluir un protocolo de intervención para los socorristas, en el caso de que el usuario se niegue a cumplir las indicaciones.
En la provincia existen doce municipios mayores de 5.000 habitantes, sin contar la capital, lo que representa una población aproximada de 120.000 habitantes. Muchos de ellos no tienen ese catálogo o registro en el que se anoten las incidencias o altercados donde las personas responsables, sea el encargado de la piscina o el socorrista, puedan llevar una relación de ellos.
Por todos estos motivos presentan la siguiente PROPOSICIÓN:
- La Diputación de Valladolid instará a los municipios de la provincia, y especialmente a los de más de 5.000 habitantes, a que elaboren y aprueben un Reglamento de Organización y Funcionamiento de Instalaciones Deportivas, poniendo especial interés en las piscinas públicas.
- La Diputación de Valladolid elaborará en coordinación con los Ayuntamientos de la provincia un reglamento tipo que regule el uso y funcionamiento de las piscinas municipales.
- La Diputación de Valladolid instará a la Subdelegación del Gobierno a que a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado colabore con los Ayuntamientos en el cumplimiento de dicha normativa.